La Generalitat valenciana refuerza el protocolo ante el aumento de agresiones a los profesores

Los insultos y amenazas a docentes, en los centros educativos de la Comunitat Valenciana han pasado de 246 incidencias registradas en 2018 en la plataforma PREVI (Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia), a 739 registradas el curso pasado. En cuanto a las agresiones físicas a docentes, ha aumentado de 203 incidencias, registradas en 2018, a 745 en 2023. Los datos confirman una tendencia en ascenso año tras año, lo que supone que 1 de cada 6 casos registrados en el PREVI está relacionado con ataques contra la figura del personal de los centros.

La Comunitat Valenciana no es una excepción, pues la situación es similar en toda España, pero la Conselleria de Educación ha decidido reforzar la figura de los profesionales que ejercen su labor en los centros educativos de la Comunitat Valenciana con un nuevo protocolo de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal de los centros educativos ante agresiones producidas por el ejercicio de sus funciones.

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha señalado que se ha trabajado en este nuevo protocolo que tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de todo el personal que presta sus servicios en los centros educativos. Ellos han de ser referentes para el alumnado, por eso hemos de garantizar que cuentan con el apoyo necesario para ejercer sus funciones en un ambiente seguro y respetuoso".

Este protocolo de actuación, consensuado con los sindicatos y comités de seguridad y salud, está dirigido al personal docente, personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana.

También se aplicará al resto de personal que preste servicios en los centros docentes si mantienen una relación laboral o funcionarial con la Generalitat.

A través de este nuevo protocolo, el Consell ofrece apoyo inmediato y adecuado al personal afectado, garantizando la asistencia jurídica y psicológica necesaria. Además, se establece un marco de actuación coordinado entre los diferentes agentes implicados.

Así mismo, se ha publicado también una guía práctica que facilite al personal docente y no docente la aplicación del protocolo.