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Rehabilitación

Justicia supedita las obras del TSJ de Valencia a la disponibilidad presupuestaria

El hallazgo de importantes restos arqueológicos retrasa la conclusión de la rehabilitación

Fachada en obras del TSJ valenciano La Razón

Las obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana de Valencia, hoy sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tenían fecha de conclusión en junio del presente año, si bien la consellera de Justicia, Nuria Martínez, retrasó la conclusión de las mismas al primer semestre de 2026 y siempre en virtud de las disponibilidades presupuestarias de la Conselleria que dirige, según señaló en una respuesta parlamentaria. Concretamente, en noviembre de 2024 el nivel de ejecución era del 61,15 por ciento.

Por ello, el PSPV ha instado a acelerar el proceso para dotar al sistema judicial de las instalaciones necesarias para prestar un buen servicio.

Mediante una proposición no de ley, la diputada Alicia Andújar considera que habida cuenta de la demora en la ejecución del Plan de infraestructuras judiciales que se puso en marcha en 2018, es imprescindible que «se dé el impulso presupuestario adecuado para que el sistema judicial valenciano cuente con las dotaciones necesarias para prestar un servicio de excelencia y que venga a consolidar la apuesta realizada durante el período 2015-2023».

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas, explicaron que «la excavación arqueológica del subsuelo de la planta baja sacó a la luz importantes hallazgos y con estos vestigios arqueológicos, de importante valor patrimonial, se ha requerido la modificación del contrato de obras inicial, por lo que se prevé que la finalización de la obra se demore unos cinco meses.

El Palacio de Justicia de la Comunitat Valenciana está declarado bien de interés cultural desde 1982. En octubre de 2022 se pusieron en marcha las obras para su rehabilitación integral, y su finalización estaba inicialmente prevista para junio de 2025. A día de hoy y con una inversión ejecutada de 18 millones de euros, la previsión de su finalización se ha retrasado.

Según Andújar, «la propia Conselleria de Justicia y Administración Pública reconoce que no es una prioridad la finalización de las obras en el Palacio de Justicia».

La diputada considera que «el Plan de infraestructuras judiciales preveía la finalización de las obras para la rehabilitación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia en el mes de junio de 2025, no es admisible que la propia Conselleria haya ejecutado únicamente el 61,15 por ciento, dato que indica el retraso en la ejecución inicialmente prevista y el escaso interés por finalizar las obras en un edificio que está declarado bien de interés cultural».

Por ello, los socialistas piden celeridad para que el edificio se inaugure nuevamente en la fecha en la que estaba prevista.

Altas capacidades

Por otra parte, la diputada Andújar ha solicitado también que, aprovechando la elaboración de los presupuestos de las Conselleria de Justica que se están ultimando ahora, que se dé continuidad al programa de ayudas para las personas jóvenes altamente cualificadas aprobado por las órdenes 4/2022, de 1 de junio, y 4/2023, de 3 de mayo, para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso a la carrera judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la administración de justicia, al cuerpo de médicos forenses y al cuerpo de gestión procesal y administrativa, y que establezca para ello el importe de dos millones de euros.

Actualmente, en la web de la Conselleria se informa de que no está previsto que se vuelvan a conceder estas ayudas. Sin embargo, consultadas fuentes de la Conselleria de Justicia contestaron que «se siguen contemplando en el presupuesto estas ayudas»

Considera la socialista que el coste económico que supone la preparación de oposiciones puede suponer una traba que impide que personas altamente cualificadas puedan acceder a la carrera judicial o fiscal, al cuerpo de letrados de la administración de justicia, de médicos forenses, etcétera».

Y propone que «para paliar dicha desigualdad, y atendiendo siempre a los mejores expedientes académicos y méritos de los solicitantes, deberá establecerse dotación presupuestaria por importe de 2.000.000 de euros.