Ocho meses después de la dana, todavía hay 1.000 ascensores por arreglar

A falta de una semana para que se cumplan los ocho meses desde la dana, todavía hay mil ascensores en la zona cero que siguen sin funcionar. Vecinos que ya a más de treinta grados diarios, con el verano a la vuelta de la esquina, siguen teniendo que subir a pie a sus casas cada día. Eso, los que pueden permitírselo.

La cifra la fijó ayer el Gobierno en una reunión con la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval) en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) donde admitieron que la resolución no parece que se acabe pronto. Mientras que el Gobierno no pone plazos y asegura que estará «cuanto antes», la patronal se da de aquí «a final de año» para tener todos arreglados.

Ocho meses después, el principal problema es el personal. En marzo, Ascencoval aseguró que ya había triplicado los cursos de formación, pero en un sector ya con escasez de mano de obra y en el que deben realizar en 24 horas una primera visita en caso de emergencia, la dana ha desbordado cualquier planificación.

A ello se une el problema agravado de tener que adaptarse a la nueva legislación, bajando ascensores a cota cero o instalar «elementos de protección para evitar golpes durante el cierre de puertas». Unas renovadas medidas de seguridad que debían comenzar a ser obligatorias desde este 1 de julio y para el que todos los edificios tenían 7 años para acometer, pero ayer el Gobierno ofreció una moratoria de un año en la Comunitat Valenciana, hasta junio de 2026, para poder acelerar la reparación en la dana. «Hablamos desde nivelar un ascensor hasta las puertas de acceso, son medidas leves pero que introducirles complican a los técnicos a la hora de elaborar sus planes de trabajo», explicó la secretaria de Estado Industria, Rebeca Torró.

A ello se une la medida de ampliar de seis meses a un año el plazo para arreglar defectos leves detectados en las revisiones periódicas. Es decir, si un ascensor tiene un fallo leve «que no afecta a la seguridad de las instalaciones» esta se aplazará para dar prioridad a los mil ascensores dana.

En total, el sector calcula que estas medidas ahorrarán 14.000 horas de trabajo de operarios, que si los dividimos entre jornadas de 8 horas se reduce a 1.750 días de trabajo, o lo que es lo mismo, el trabajo de un año de cinco operarios.

Ayer el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, dijo que esta era una petición expresa por parte de las asociaciones de víctimas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Le pidieron al presidente preocuparse por la situación de muchas personas que tienen dificultad para moverse, mayores de 65 años o personas con discapacidad, y en menos de 30 días hemos atendido esa solicitud», defendió, y especificó que ya han fijado 125 ascensores pendientes como «prioritarios» por las edades y condiciones de los vecinos de esos edificios.

Los mil ascensores son una décima parte de los «más de 10.000» que la Generalitat valenciana detectó como afectados, de los cuales 2.500 se repararon «enseguida» al ser pequeños fallos en el cuadro de luces y no han tenido en cuenta en Ascencoval en sus reparaciones. «Hay que poner en valor el papel de las empresas instaladoras, porque aunque entendemos que la sociedad nos reclama que vayamos más rápido, reparar 6.500 ascensores en el tiempo que se ha hecho es una velocidad récord y pone a prueba el esfuerzo de nuestras empresas», defendió ayer el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.

El líder de la patronal pidió tomar nota de lo que ha ocurrido para acometer cambios de cara al futuro, como por ejemplo subir las acometidas a cotas altas en lugar de en garajes, así como repensar el futuro de los ascensores, ya que la falta de una estandarización ralentiza el proceso. «Son hechos a medida. No hay dos ascensores que sean exactamente iguales», dijo Lafuente, aunque aseveró que este es un proceso costoso y en edificios ya construidos es difícil de cambiar.

A la reunión acudieron también el presidente de Ascencoval, Emilio Carbonell, y el director general de la Federación Española de Ascensores (Feeda), José Carlos Frechilla.