El presidente del TSJCV elogia la respuesta “responsable e inmediata” de la Justicia valenciana ante la Dana del pasado 29 de octubre

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha asegurado este viernes que la Administración de Justicia supo responder a la emergencia derivada de la Dana del pasado 29 de octubre “con inmediatez y responsabilidad”, tanto en el plano jurisdiccional como en el gubernativo.

Baeza ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante una rueda de prensa para presentar la Memoria Judicial de la Comunidad Valenciana del año 2024.

“Ese año va a quedar marcado para siempre en la memoria colectiva por la devastadora Dana del 29 de octubre, que asoló l’Horta Sud y el área metropolitana de Valencia, dejando un reguero de destrucción y un total de 228 víctimas mortales”, ha señalado.

Pese al “desafío descomunal” que dicha catástrofe supuso para los juzgados y tribunales, el presidente del Alto Tribunal valenciano considera que la Administración de Justicia “estuvo a la altura” de la situación.

Así, ha elogiado la rapidez de los más de veinte juzgados que incoaron diligencias previas por estos hechos a la hora de tramitar la documentación necesaria para celebrar los funerales por los fallecidos, lo que contribuyó a “aliviar en la medida de lo posible el desgraciado duelo de quienes perdieron a sus seres queridos”.

También ha recordado el trabajo que llevaron a cabo los juzgados de las zonas afectadas para hacer frente al “lamentable fenómeno delictivo que sobrevino a la tragedia en forma de pillaje y saqueos”, al recibir a más de 70 detenidos por esos delitos, de los que casi una treintena ingresó en prisión provisional.

“Nada de esto habría sido posible sin la encomiable labor conjunta de letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, Policía Nacional, Guardia Civil, forenses y otros”, ha añadido.

Manuel Baeza también se ha referido a las decisiones adoptadas por la Justicia en el plano gubernativo, en relación con el cierre de sedes, suspensión de plazos procesales, el establecimiento de refuerzos, etc.

“La respuesta que dimos fue ágil, flexible y comprometida, adoptando numerosos acuerdos y propuestas que fueron acogidos con igual de inmediatez por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial”, ha precisado.

En este sentido, ha recordado que la Sala de Gobierno encontró una fórmula para conciliar la dispensa de acudir a las actuaciones judiciales por causa de fuerza mayor con la posibilidad de celebrar esas actuaciones en aquellos casos en los que todas las partes estuvieran de acuerdo y pudieran asistir para no causar mayores perjuicios a los justiciables.

En cualquier caso, el presidente del TSJCV ha abogado por “mejorar y actualizar los protocolos de actuación” en el ámbito judicial para gestionar estas situaciones, y ha anunciado que ha impulsado para ello la constitución de un grupo de trabajo en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.

Por otro lado, ha aludido a otro “impresionante desafío” que afronta la Justicia en 2025: la implantación de los denominados Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025, “una norma que supone un cambio de paradigma en la organización de los tribunales y cuyos efectos tendremos que analizar en su momento”.

Tras repasar los datos y el incremento del volumen de la carga de trabajo registrado en los juzgados valencianos durante 2024, con 831.849 nuevos asuntos, un 10,2% más que en 2023, ha admitido la necesidad de acometer “reformas estructurales” como la nueva ley, pero ha matizado que éstas “deben de ir acompañadas de una dotación presupuestaria suficiente para acometerlas con éxito y que generen un impacto realmente positivo”.

Precisamente, en cuanto a la dotación de nuevos medios personales, Baeza ha llamado la atención sobre la imperiosa necesidad de creación de nuevas plazas judiciales en la Comunidad Valenciana, que los diferentes responsables gubernativos cifran en 141 en la memoria judicial.

“Especialmente llamativa y alarmante es la situación que atraviesan la jurisdicción Civil y la Social, que vienen ya saturadas desde hace años y en las que, además, las cargas de trabajo en 2024 se incrementaron más de un 15 y más de un 17%, respectivamente”, ha advertido.