La Generalitat Valenciana ha presentado un ambicioso plan de protección civil que redefine por completo el sistema autonómico de gestión de emergencias. En el centro de esta transformación se encuentra la creación de un nuevo nivel de alerta, denominado “alerta negra”, que se sitúa por encima del tradicional nivel rojo y está concebido para responder a situaciones de riesgo extremo que superen la capacidad operativa habitual.

Este nuevo protocolo surge como respuesta directa a la tragedia provocada por la DANA de octubre de 2024, un episodio de lluvias torrenciales que dejó 228 víctimas mortales y evidenció graves carencias en la coordinación y anticipación de las emergencias. La magnitud del desastre marcó un punto de inflexión en la política autonómica, impulsando la elaboración del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, liderado por la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria para la Recuperación Económica y Social, bajo la dirección del general Francisco José Gan Pampols.

La alerta negra se activará exclusivamente en escenarios de excepcional gravedad, como fenómenos meteorológicos extremos, colapsos infraestructurales o crisis ambientales que requieran una movilización extraordinaria de recursos humanos y materiales. Su implementación se acompaña de una revisión del sistema de colores, que busca facilitar la comprensión tanto por parte de los profesionales como de la ciudadanía, y de una estrategia de comunicación multicanal que incluye tecnologías avanzadas como paneles LED, megafonía, drones, mensajería móvil y aplicaciones digitales. El objetivo es garantizar una difusión precisa, accesible y en tiempo real de la información crítica.

El nuevo modelo organizativo establece una estructura jerárquica que articula la dirección política, operativa y ejecutiva, con una clara delimitación de funciones entre la Comisión Delegada del Consell, los centros de coordinación Cecop y Cecopi, y el mando avanzado desplegado en las zonas afectadas. Además, se contempla la creación de un Centro de Análisis y Anticipación con sede en el IVIA, que tendrá carácter permanente y se encargará de evaluar riesgos, coordinar respuestas y proponer, si fuera necesario, la declaración de emergencia de interés nacional.

Uno de los pilares del plan es la promoción de la responsabilidad individual. Para ello, se prevé la distribución de kits de emergencia en los hogares, que incluirán elementos básicos como agua, alimentos no perecederos, linternas, radios, medicamentos y baterías externas. Asimismo, se plantea la necesidad de adaptar los planes urbanísticos, como el PGOU y el Patricova, para incorporar criterios de resiliencia territorial y reducir la vulnerabilidad frente a riesgos naturales.

La propuesta ha generado un intenso debate político. Desde la oposición, el PSPV y Compromís han cuestionado la necesidad de crear un nuevo nivel de alerta, argumentando que el problema no radica en la ausencia de protocolos, sino en su deficiente aplicación. Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís, ha señalado que “no hay que inventarse una alerta negra, sino aplicar correctamente las alertas científicas que ya existen”. Por su parte, el president Carlos Mazón ha defendido el plan como una herramienta para anticiparse mejor, actuar con mayor rapidez y proteger vidas.