Sánchez incumple su promesa de financiar la inspección de viviendas dañadas por la dana

El pasado 9 de noviembre, una excavadora se comió lo que quedaba de pared de una de las viviendas que quedaron colgando del barranco del Poyo a su paso por Chiva tras la dana. Juanvi Pérez y su mujer, jubilados ambos, se quedaron mirando la suya. No sabían si iba a caer ese día, pero ya les habían dicho que la tendrían que derribar. El problema era: ¿Quién iba a costear el derribo?

En enero, la casa destruida de Juanvi seguía en pie. Nadie sabía quien iba a pagar ese derribo y al vecino de Chiva ya le llegaban rumores de que tal vez tenía que ser él quien lo acabara pagando. «Sería la leche que encima que te tragas el desastre, te hagan pagar el derrumbe. Bastante desgracia tiene uno con perder su vivienda», se quejaba. Llevaba 62 años viviendo en ese hogar, que antes había sido el de sus padres, y la pelea administrativa le hacía derogar un dolor que duró hasta el 24 de febrero. El ayuntamiento de Chiva le confirmó que costearían ellos el derrumbe, a la espera de noticias de las administraciones autonómica y estatal.

Casi seis meses después, ha tenido que ser la Generalitat Valenciana quien dedique más de 5 millones de euros a la inspección, apuntalamiento y demolición de viviendas dañadas por la dana ante el incumplimiento de la palabra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consell aprobó ayer un decreto de emergencia para dar 4,5 millones de euros al Instituto Valenciano de Viviendas para poder financiar las inspecciones y trabajos que lleva haciendo desde el pasado 2 de noviembre. Unas labores necesarias para certificar si hay estructuras dañadas en las viviendas que acumularon agua y lodo y confirmar que todavía habitables.

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, criticó ayer que el Gobierno diera marcha atrás en su decisión de costear todas las inspecciones. «Desde el principio y en coordinación con el Gobierno establecimos que el IVE se hacía cargo de las inspecciones y el Gobierno las abonaría, pero por sorpresa en un momento determinado decidió no abonar las que tuvieran seguro», afirma.

Camarero aseguró que eso puso en riesgo la inspección al generar «dos niveles de ciudadanos: con o sin seguro» y debido a los retrasos del Consorcio de Compensación de Seguros. «Si había que esperar a que el Consorcio pagase los seguros para revisarlos contábamos con el peligro que no fuesen habitables y que por el retraso algunos de los edificios no estuviesen inspeccionados y en condiciones», afirmó.

En total, el IVE ha registrado ya 14.700 edificaciones ara inspeccionar y más de la mitad, unas 8.685, han sido ya inspeccionadas, con más de 200 apuntalamientos hechos y 67 hogares, como el de Juanvi Pérez, declarados para demoler.

En total el proyecto es de nueve meses, pero la prioridad ahora es acabar de revisar los 885 garajes afectados. 461 han sido ya revisados y el IVE espera acabar en mayo con todos. «Muchos de los garajes anegados tenían cargas de lodo importantes. Una vez limpaidos, es necesario un plan de inspecciones exhausitvo. Para realizarlo hemos necesitado contar con profesionales de experiencia contrastada del IVE», dijo ayer Camarero.

Ayudas para demoliciones

A ese dinero se une una partida de 700.000 euros para costear las demoliciones, con un máximo de 16.000 euros por vivienda que podrán solicitarse hasta el 31 de julio.

El objetivo es que los particulares, comunidades de propietarios y empresas no tengan que sufragar el derribo que prometió Sánchez y acelerar estos, ya que esas edificaciones pueden suponer un peligro para la seguridad pública.

A ello se unen las ayudas de la Generalitat para que quienes han perdido su vivienda puedan tener otra como las 140 familias que ya están en una vivienda social y las ayudas al alquiler de 800 euros por mes de la que hace uso Juanvi y su mujer desde el mes de enero en Chiva como un total de 1.381 familias afectadas. Aún así, estas ayudas son provisionalmente de un año y Juanvi todavía no sabe cuál será su hogar en 2026.