Manos Limpias denuncia al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la marcha del 8-M

El colectivo de funcionarios Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid contra el Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer por entender que ha puesto en grave riesgo la salud de los residentes en la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas. Por estos motivos considera que ha podido incurrir en un delito de imprudencia grave a la salud.

Esta denuncia se suma a la que ha interpuesto un abogado por prevaricación contra Pedro Sánchez por permitir esas concentraciones masivas pese al informe de un organismo de la UE que aconsejó seis días antes no permitirlas para evitar la expansión de virus.

La denuncia ha sido presentado por el secretario general de este colectivo, Miguel Bernad -quien está siendo juzgado por el “caso Ausbanc”- se señala que seis días antes de esa multitudinaria manifestación (miles de personas) según los convocantes, el Departamento de Seguridad Nacional de la Moncloa, emite un documento titulado " CORONAVIRUS", en el que se indicaba que “Se está valorando y estudiando la posibilidad de subir el nivel de las medidas para pasar de una fase de contención a una de mitigación, en algunas áreas, aunque esta decisión aún no se ha materializad, lo que debería haber llevado, según Manos Limpias, a la suspensión de la marcha.”.Además, el propio ministro Pedro Duque ya declaró que el Gobierno conocía desde el 02 de febrero el primer caso en España; y de cómo la Organización Mundial de la Salud alertó antes del 8 de Marzo del riego de concentraciones.

Estos hechos, a juicio de Manos Limpias, evidencian “de una manera clara, rotonda, determinante y sin ningún tipo de duda", que de no haber celebrado la manifestación del Día 8 de Marzo “la espiral de contagio, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, no admite la más mínima controversia”.

De esta forma, considera el delegado del Gobienro ha podido incurrir en un delito de lesiones relacionado con la puesta en grave riesgo para la salud de los ciudadanos, delito que está penado con penas de prisión de tres meses a tres años de prisión.