Dictamen de la RAE: el lenguaje inclusivo es un debate político

En 2018, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió a la Real Academia Española un informe para aplicar el lenguaje inclusivo a la Constitución. Según sus propias declaraciones: «El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando las cosas». Una afirmación que contradecía ya entonces la opinión de los lingüístas y expertos, que no cesaban de repetir lo contrario. No obstante, el entonces director de la institución encargó esta tarea, que, de hecho, ya contaba con un estudio previo sobre esta misma cuestión, a un equipo de dos académicos y dos académicas (Pedro Álvarez de Miranda, Inés Fernández-Ordóñez, Ignacio Bosque y Paz Battaner) para que reexaminaran con atención este asunto tan mediático. Después de un enorme retraso, estas Navidades, los miembros de la RAE decidieron entrar a discutirlo. Después de unas largas deliberaciones, que se han prolongado durante varias sesiones y que han centrado las reuniones semanales que discurren en el Salón de Plenos, el resultado ha sido bastante claro, como ya se preveía y que algunos habían adelantado, quizá porque lo consideraban lógico y consecuente con lo que habían repetido hasta la saciedad en el pasado: no existen motivos urgentes ni tampoco de carácter lingüístico y científico que alienten introducir un cambio en la Carta Magna.

Existe cierto sentir en el interior de la RAE de haber cumplido con la obligación que se les había encomendado, pero también se considera que esta institución no tiene ninguna clase de poder o influencia para dar pie a una modificación de esta naturaleza ni de ninguna otra en ese texto. Igualmente se sostiene que tampoco existen razones evolutivas en el idioma, sobre todo respecto al momento en que se redactó en el pasado, 1977, que justifiquen que se aplique una corrección de este tipo escudándose en esa excusa y que, desde luego, si se quiere avanzar en esa dirección es únicamente por motivos que tienen que ver más con la política que con consideraciones de raíces filológicas. Los académicos, de todas maneras, siempre han insistido en que la Real Academia Española solo ha acometido un trabajo de carácter técnico sobre la naturaleza de la lengua y la práctica efectiva de ella en la sociedad, y nada más.

Carmen Calvo, a quien ya se ha enviado el mencionado informe, al ser el Gobierno peticionario del mismo, tendrá que tomar dos decisiones importantes: la primera, si hace público el contenido del informe y, segundo, cómo va a proceder una vez que conocer la resolución de los académicos. Desde luego, si decide continuar con su propósito, no podrá ampararse en ninguna resolución determinante que haya tomado la RAE que, desde el principio, mostró de una manera nítida cuál era su posición sobre este asunto. A pesar de eso lo ha repetido varias veces. El asunto del desdoblamiento de palabras en masculino y femenino ha venido auspiciado por la enorme presión social que existe en estos momentos sobre las cuestiones de género, pero casi todos los expertos afirman que, en realidad, esta técnica que consiste en usar, por ejemplo, «ciudadanos y ciudadanas», no se emplea en la realidad cotidiana de los hablantes.

La Constitución de Venezuela, que es un texto que se ha puesto en numerosas ocasiones para ilustrar este mismo asunto, se ha convertido, sin embargo, en un ejemplo de lo inútil y tedioso que supone aplicar el desdoblamiento, y lo ficticio y lo irreal que es en el fondo. En España, la única que estaría más o menos admitida sería en el caso del Rey, pero esto es algo que ya se ha mencionado en anteriores ocasiones.

De todas formas, una modificación de la Constitución en estos momentos, con la distribución actual de fuerzas políticas que ocupan los escaños del Parlamento, parece bastante improbable. Pero en el caso de que saliera adelante, esta iniciativa sería única y exclusivamente por motivaciones o implicaciones políticas, no de orden filológico, puesto que se trata de un debate, como algunos académicos consideran ej la Real Academia Española, que no debe resolver esta institución. También hay que recordar que, en el pasado, cuando se encarga este estudio, el PSOE gobernaba solo, sin ningún socio en La Moncloa. Pero desde las últimas elecciones, la situación ha cambiado y ahora está inmerso en un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que, a lo mejor, y teniendo en cuenta algunas de sus posiciones, podría presionar también para continuar con este tema.