La RAE pide al Gobierno que garantice el uso del español

La llamada «Ley Celaá» se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con enorme alboroto y bronca, acusaciones cruzadas y un revuelo monumental. Uno de los motivos de la protesta de muchas señorías es que el castellano se ha vuelto a convertir en un arma política gracias al PSOE. En un objeto de trueque. Hace unas semanas, el Gobierno elimina el español como lengua vehicular en la educación, lo que afecta de forma especial a Cataluña, donde se ha interpretado como un paso más hacia la inmersión lingüística. Y es que es una clara concesión dirigida a los nacionalismos a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado que ayer pasó los trámites en el Congreso.

Durante las semanas anteriores varias voces discrepantes habían alertado contra el paso que daba el Gobierno, entre ellas, el escritor Mario Vargas Llosa, que tildó hace un par de días esta decisión directamente como un «disparate». Él mismo reclamaba la intervención de la Real Academia Española, sin que entrara en las «politiquerías» que hay en este juego de pactos, para que se pronunciara sobre un asunto que atañe a millones de personas en nuestro país. Hacía una semana, en una sesión del pleno de esta institución, ya se decidió redactar un comunicado «sobre la importancia del español como lengua» para dejar claros algunos puntos esenciales sobre este tema fundamental.

Desde esta institución se había advertido que no es sobre «la ley que se está discutiendo estos días», pero la oportunidad de este llamamiento y la coincidencia de emitir esta clase de documento en una jornada como ayer, en que se aprobaba la «ley Celaá» invitaba a pensar de otra manera. Y así ha sido. La RAE, en un comunicado respaldado por cada uno de sus miembros, tomó partido por un idioma que muchos consideran que se está marginando. En este comunicado, que llegó a a última hora, se afirmaba que «la RAE sigue atentamente la deliberación que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y continuará en el Senado sobre la nueva Ley Orgánica de Educación, y, en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza». Después de esta advertencia, referida a que está siguiendo con atención los diferentes debates que está levantando esta iniciativa del Gobierno, procedió a decir que «La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar». No obstante recordó que la Real Academia Española «carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, y su preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa». Por este mismo motivo subraya que «formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna». Estos datos le dieron pie a asegurar que «esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización». No es la primera vez que se habla del español y de su importante papel como actor económico, sobre todo, a la hora de pensar en el futuro y más en este momento en que el eje internacional saltará del Atlántico al Pacífico, entre Asia y América, con todos los países hispanohablantes en un lado. La Real Academia Española también quiso dejar claro y subrayar que «en todo el universo hispanohablante se sigue con particular atención el trabajo que impulsa y lleva a cabo la Real Academia Española, con sus academias hermanas de todo el mundo, a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza».

Después de estos comentarios, la Real Academia Española quiso extender la mano a los políticos por si necesitaran su colaboración en una ley de extrema relevancia para nuestra sociedad actual y señaló en el presente comunicado que «dada la importancia que tiene para nuestra nación el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone, la Real Academia Española, sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda, se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario». Un ofrecimiento que será bien recibido, pero ya se verá si es recogido o no por el Gobierno, porque ayer la «ley Celaá» prácticamente se aprobó y se supone que no habrá demasiadas enmiendas a lo que ya ha establecido, y menos, en materia de la lengua.