El 17 de mayo de 1985, cuatro individuos se subieron al taxi de Juan José Uriarte. A la altura de la localidad vizcaína de Bermeo, los tres hombres y una mujer que se revelaron como miembros de la banda terrorista ETA pusieron de rodillas al taxista y le asestaron un tiro en la parte izquierda de la nunca. Cuando Uriarte todavía se encontraba con vida, en el suelo, le volvieron a disparar hasta en tres ocasiones hasta que ya no se movió más. Minutos después, una llamada a la Asociación de Ayuda en Carretera en Bilbao dejaba registrada la frialdad de los verdugos: «Hemos dejado tieso a un chivato», se puede leer en la transcripción oficial de los hechos.

El asesinato de Uriarte, justificado en la macabra lógica de la banda como la pena máxima a los informantes, fue el último de una serie de 13 que se cebaron con el colectivo civil, por encima de la política, más afectado por la violencia en el País Vasco. El crudo y realista relato es uno de los que dan forma a «Bajada de bandera», el nuevo documental de Felipe Hernández Cava y Rafael Alcázar, en colaboración con la Fundación Miguel Ángel Blanco, que intenta dar voz a aquellos asesinados por ETA que cometieron el «terrible crimen» de llevar a cabo un servicio público.

Lo más llamativo del caso de Uriarte, dentro de los parámetros en los que se movieron durante años estos sucesos, es que las informaciones que manejaba la sanguinaria organización eran erróneas y, de hecho, el taxista que había dejado viuda y cuatro hijos, tenía lazos con el nacionalismo oficialista. Su primo, el obispo auxiliar de Bilbao Juan María Uriarte, salió rápidamente a desmentir la calidad de informante del asesinado y ETA retiró la reivindicación cuando ya era demasiado tarde para el taxista.

Hernández Cava, director del documental y mitad de Caín, pareja de viñetistas de LA RAZÓN, lo explica: «Dejar de reivindicar un crimen después de lo que diga un obispo ayuda a entender mucho de lo que ocurrió en esos años. Aunque la película se centra en los taxistas asesinados, sirve también para ilustrar parte del desarrollo de la banda». En efecto, la sangrienta historia de ETA y el taxi se remonta hasta su primer asesinato civil y el tercero en el cómputo global. En abril de 1969, cuando la organización todavía se asociaba más al anti-franquismo que al independentismo, la huida de un etarra en el taxi de Fermín Monasterio le costó la vida tras cuatro tiros a bocajarro. En una especie de dantesco paralelismo, en el primer crimen de un conductor, la Iglesia vasca volvió a jugar un papel crucial: «Miembros del clero fueron escondiendo a Miguel Etxebarría Iztueta, el asesino, y le llegaron hasta a hacer la tonsura, para que pareciera uno más en su escapada. Llegó a haber detenciones, pero aquello no era ni mucho menos un caso aislado», matiza el realizador.

Más allá del último tabú

Entre los tres lustros que separan el primer asesinato de un taxista del último, «Bajada de bandera» recoge otros once crímenes de esos que se suelen achacar desde la barbarie a lo colateral y que, sin embargo, gozan de un patrón bastante obvio: «La estrategia del taxi pasaba por la del miedo social. Si bien policías y guardias civiles eran señalados por su uniforme, el aislamiento se hacía total bajo estas amenazas. Si les atendías en tu comercio: cuidado. Si les saludabas por la calle: cuidado. Si les cogías en tu taxi: cuidado», explica Hernández Cava. Y añade: «Por supuesto, a ello hay que sumar que se trataba de trabajadores que cubrían grandes extensiones de terreno por todo el territorio vasco, con los posibles desplazamientos de bienes e información que ello podía significar».

En el documental, al que se podrá acceder desde hoy mismo en la web de la Fundación, se cruzan testimonios de familiares como Cristian Matías, nieto de Manuel Albizu, cuyo asesinato propició el cisma etarra protagonizado por Eduardo Moreno Bergaretxe, alias «Pertur», y que también le acabó costando la vida en una purga interna que todavía está por esclarecer. Del mismo modo, se abordan temas anteriormente evitados, por indigestos, como el del dinero: hasta 1999, hecho que quedaría enmendado por la Ley de Solidaridad, las indemnizaciones a las víctimas quedaban sin efecto por la insolvencia de los acusados sin que el Estado se hiciera cargo. Y se cita otro agravio: las becas de estudios que las hijas de Monasterio habían recibido de la diputación de Vizcaya en 1969 en señal de compensación, fueron anuladas unos años más tarde por el Gobierno Vasco del PNV alegando que «había familias vilipendiadas durante la Guerra Civil» que las necesitaban más que ellas, según se explica en el filme.

Aunque hayan llovido más de 30 años desde el último asesinato de un taxista y una década desde que la banda terrorista asesinó por última vez, el documental no ceja en su esfuerzo de poner cara a aquellas víctimas, en ocasiones olvidadas hasta dentro de los cauces oficiales, y tampoco se olvida de lo más contemporáneo: Miguel Ángel Aldana, «Askatu», presunto asesino del taxista Lisardo Sampil en 1978, murió hace unos años en el exilio a pesar de que le reclamase la Audiencia Nacional. «Aunque ETA haya dejado de matar y se haya integrado en la política, hay mucha gente que se niega a dar testimonio porque ello le complicaría mucho la convivencia», remata el director.