Franco no ha muerto
Después de años en los que el dictador estaba fuera del debate político, tanto la izquierda populista como el independentismo y, finalmente, la extrema derecha surgida en España, han vuelto a poner a Franco en el centro del debate político y, por lo tanto, a la Guerra Civil como un conflicto no superado.
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Después de años en los que el dictador estaba fuera del debate político, tanto la izquierda populista como el independentismo y, finalmente, la extrema derecha surgida en España, han vuelto a poner a Franco en el centro del debate político y, por lo tanto, a la Guerra Civil como un conflicto no superado.
La figura de Franco ha vuelto a la vida política tras más de 40 años de su muerte. La izquierda, la extrema derecha y los nacionalistas no acaban de enterrar al dictador, al menos, en el discurso político. Unos y otros desmerecen la labor realizada por los que trajeron la democracia a España, la generación forjada en las décadas de 1950 y 1960. La aspiración de aquellos hombres era equiparar a España con los países europeos más prósperos. La idea de la reconciliación nacional, propuesta por algunos desde 1947 y postulada por el PCE en 1956, marcó el paso de lo que ocurrió veinte años después. Los comunistas afirmaron en su congreso de 1960 que era necesaria una amnistía «extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil». Y el socialista Elías Diaz remachó: «Que el pasado no nos ahogue un posible futuro democrático». Manuel Azaña ya lo había indicado con su lema de paz, perdón y piedad. Los políticos e intelectuales de envergadura de ambos lados tenían claro que, por encima de las ideologías, estaba España. Así ocurrió, por ejemplo, con las conmemoraciones de Antonio Machado, donde se dieron cita conjunta para reclamar el patrimonio común. El también socialista Tierno Galván, hoy mitificado por la izquierda, ya escribió en 1964 que la Guerra Civil era una «culpa colectiva» en la que no podía haber vencedores ni vencidos.
El antifranquismo era entonces reconciliación de partidos, como se vió en el Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, en 1962, y establecimiento de una democracia liberal. Esto fue el alma de la Transición, el perdón de sacas, checas, purgas y cárceles, en aras a la construcción de un marco de convivencia. Franco y su régimen eran en el discurso e imaginario colectivo la antítesis y, por tanto, ser demócrata era ser antifranquista, aunque no todos los que estaban contra el dictador lo fueran, como ETA, Grapo, FRAP o el Exèrcit Popular Català.
Sin un ajuste de cuentas
La idea de la reconciliación triunfó tras la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978, mientras que el antifranquismo, ya sin sentido, perduró en la extrema izquierda y el independentismo. Estos consideraban que el franquismo había perdurado. Sin un ajuste de cuentas, una reparación moral a las víctimas y un borrado de Franco y del franquismo no habría justicia ni democracia. Es curioso que sea este relato el que ahora se haya impuesto. No en vano, Pablo Iglesias, haciéndose eco de históricas reivindicaciones de la ultraizquierda, presentó en septiembre de 2018 en el Congreso una proposición de ayuda a las víctimas del franquismo hasta 1983 porque, decía, sus estructuras aún perduraban.
Del mismo modo, los independentistas han tachado de franquista la acción del Estado y las leyes por no contemplar la autodeterminación y lo achacan a que existe aún una «sociología franquista» entre los españoles. Lo triste es que, tanto populistas socialistas como independentistas consideran que los símbolos nacionales, especialmente la bandera y el himno, son franquistas. A pesar del trabajo de esta extrema izquierda desde 1978, el régimen de Franco estuvo ausente de la retórica de los grandes partidos hasta la llegada de Zapatero al poder en 2004. La intención del zapaterismo fue la de reforzar la identidad del PSOE recreando un conflicto ya olvidado que reforzara su alianza contra el PP con otros «antifranquistas», como los nacionalistas. «La memoria histórica», concepto inaceptable para un historiador serio, trató de ajustar cuentas con el franquismo. El frente fue muy amplio: mitificación de la Segunda República como antecedente democrático, interpretación maniquea de la Guerra Civil como enfrentamiento entre fascistas y demócratas, y dar un nombre político y subvencionado a la búsqueda de los cadáveres, a asociaciones y estudios históricos de la represión.
No era solo cambiar el nombre a las calles y plazas, sino una reinterpretación de la Historia inmediata que afectaba a la Transición, y, así, al fundamento de lo político, de la democracia liberal y sus instituciones, como la monarquía o la nación española, «discutida y discutible» llegó a decir el líder socialista. De hecho, Zapatero «regaló» a Santiago Carrillo por su cumpleaños, en 2005, la retirada nocturna de la estatua ecuestre del dictador Franco, sita en el barrio madrileño de Nuevos Ministerios. Esa instrumentación política del pasado, los «usos de la Historia» que dijeron poco antes los socialistas, sacar el fantasma de Franco, impulsaba programas públicos, subvenciones y cargos, al tiempo que generaba un conflicto que ya no existía. Es más: no se quiso hacer de ello una política de Estado porque no hubiera sido rentabilizado por su partido al incluir a todos los demás. El antifranquismo servía para tapar errores gubernamentales, vacíos programáticos, armar un discurso y movilizar a los suyos. Esto ha sido más evidente en la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, donde el punto estrella es la exhumación de Franco.
El sanchismo se aferra al fantasma de Franco para resucitar una identidad guerracivilista en el PSOE que había desaparecido gracias a Felipe González. De ahí que haya querido crear una «Comisión de la verdad», ese perfecto sueño mussoliniano, que imponga un relato único de la Historia. Detrás está la intención de reinventar la idea de la España democrática, la de la Transición, vincular la democracia con el PSOE, las izquierdas y los nacionalistas, y arrinconar al resto.
Reacción de la derecha
En la extrema derecha ha pasado otro tanto, aunque como reacción a lo anterior, considerando que es una forma de combatir la hegemonía cultural de la izquierda. Al primer antifranquismo respondió el historiador Ricardo de la Cierva, que había sido ministro de Cultura con UCD, en un intento de recordar los logros durante la dictadura denunciando los crímenes y fracasos de «los otros». Es cierto que pronto se recogió como una historiografía franquista, pero que no hizo suya la derecha política; es decir, Manuel Fraga, también ex ministro con Franco, no tomó esas ideas en AP, ni en Coalición Popular ni en el Partido Popular. Fue un distanciamiento tan claro como el de Felipe González con el Frente Popular del 36. La reacción al «antifranquismo» sobrevenido de la izquierda generó una reivindicación de la figura del dictador. La deriva de esa extrema derecha fue similar a la de la izquierda: denigración de la Segunda República, recuerdo de los crímenes del Frente Popular, e identificación de los «logros» del franquismo, ocultados, dicen, por la izquierda política, mediática y académica. Los éxitos de Franco, afirman, habrían sido evitar que España cayera en manos de los estalinistas y poner las bases del progreso económico y social que hoy se disfruta, y todo en medio de un país donde la represión fue menguante.
Sánchez y Podemos
El punto de enfrentamiento final ha sido provocado por el gobierno de Sánchez, quien, entendiendo que su programa necesitaba contenido emocional que sirviera, además, para absorber a un maltrecho Podemos y distraer la atención, sacó al debate público la exhumación de Franco y el destino del Valle de los Caídos. Por supuesto, cualquiera que ponga objeciones o muestre indiferencia a desenterrar al dictador se convierte para esa izquierda en «franquista», siguiendo así la estrategia propagandística del estalinista Willi Münzenberg (1889-1940), que calificaba de «fascista» a todo aquel que no simpatizaba con el comunismo.
A partir de ahí se ha producido la retroalimentación de unos y otros. La Fundación Francisco Franco, así como los «historiadores» y escritores favorables, critican la decisión, y los partidarios lo aprovechan para ponerles como ejemplo de que aún perdura un franquismo peligroso. Los primeros creen que su crítica sirve para desmontar el discurso izquierdista, y los segundos para darse una pátina de demócratas que no tienen.
Lo cierto es que el dictador no pidió ser enterrado en Cuelgamuros, sino que lo decidió el presidente Arias Navarro una vez que Franco había muerto. Tan verdad como que el Valle de los Caídos no representa por igual a los muertos en la Guerra Civil, o que sus trabajadores no fueran esclavos, sino presos voluntarios para redimir pena y con sueldos homologados, además de una mayoría de obreros libres; y que, en definitiva, a la inmensa mayoría de los españoles no les molesta Franco, sino que se manipule la Historia.