El Barça justifica la pitada al himno

El Fútbol Club Barcelona defiende que los silbidos al himno de España en la última final de la Copa del Rey –celebrada entre la entidad blaugrana y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou el pasado 30 de mayo– están «justificados» al tratarse del «ejercicio legítimo por parte del público del derecho a la libertad de expresión». Éste es uno de los argumentos que esgrime el abogado de la entidad, Jordi Pina, en el escrito en el que reclama a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Eugenia Canal, que archive «inmediatamente», «sin necesidad de practicar absolutamente ninguna diligencia», la denuncia contra el club que investiga la magistrada por ultraje a España y provocación al odio, entre otros delitos. La jueza ya ha recibido de Mediaset el vídeo con la grabación de los incidentes en los prolegómenos de la final.

En sus alegaciones –remitidas al juzgado el pasado día 2–, la entidad que preside Josep Maria Bartomeu insiste en la «ausencia de cualquier intervención en los supuestos delitos por parte de empleados o directivos del club» y reitera su «incapacidad» para evitar la protesta «en un entorno organizativo del cual aquel día no era responsable» el Barcelona, «sino la Federación Española de Fútbol». El Comité Antiviolencia, sin embargo, impuso al club blaugrana una multa de 66.000 euros el pasado julio por la pitada al himno, entre otros motivos, porque su papel en la final «excedió de la mera cesión de sus instalaciones al haber asumido diferentes responsabilidades en la organización y desarrollo del dispositivo de seguridad». Antiviolencia sancionó a la Federación Española con 123.000 euros y con otros 18.000 al Athletic.

Pero, «por encima de todo», la representación jurídica del Barcelona defiende en sus alegaciones la justificación a esa conducta en el derecho a la libertad de expresión, «que consagran, entre otros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española».

El sindicato Manos Limpias denunció por estos hechos el pasado 1 de junio tanto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, como a Barcelona y Athletic y a la delegada del Gobierno en Cataluña ante la posible comisión de los delitos de provocación al odio y ultraje a España. A esa denuncia inicial le sucedió después, entre otras, la impulsada por VOX por delitos de atentado a la autoridad y contra el orden público, asociación ilícita, amenazas e injurias a la Corona, aunque en este caso el club no figuraba entre los denunciados.

El abogado de la entidad sostiene, además, que ninguno de los delitos denunciados pueden atribuirse a una persona jurídica como es el Barça, pues los hechos se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, el club insiste en que no se le puede imputar un delito de provocación al odio, ya que esa posibilidad se incluyó en nuestro ordenamiento en la citada reforma, como tampoco el de ultraje a España, «ni antes ni después» de ese cambio legal. Del mismo modo, la defensa del Barça añade que ninguno de los delitos que VOX imputa a la entidad pueden aplicarse a una entidad jurídica. Sólo por este motivo, recalca, se debe proceder al «archivo inmediato» de la querella, al menos en lo que atañe al Barcelona. «No tiene ningún sentido –continúa– plantearse quién es el tribunal competente para instruir este procedimiento cuando los hechos imputados son indiscutiblemente atípicos y absolutamente irrelevantes para el Derecho Penal».

En otro escrito remitido al Juzgado de Barcelona, una de las asociaciones denunciadas –Societat Catalana de Lliure Opinió– niega los hechos que se le atribuyen y, a través de su presidente, el letrado Pau Miserachs, se persona en el procedimiento. Esta asociación ha enviado también a la magistrada un acta de una asamblea celebrada el pasado 25 de mayo, cinco días antes de la final, en la que «ante la falta de fondos», acordaba la suspensión de actividades.

Societat Catalana de Lliure Opinió es una de las once entidades soberanistas que se adhirieron al manifiesto de Catalunya Acció que promovió la pitada al himno y a Felipe VI y que fueron multadas por Antiviolencia con 70.000 euros cada una.