El fichaje de Neymar, en los tribunales

La controversia sobre el verdadero coste del fichaje de Neymar por el Barcelona puede acabar dirimiéndose en los tribunales. La Fiscalía ha instado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a que reclame al club blaugrana toda la documentación relativa al traspaso antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de una querella contra Sandro Rosell por apropiación indebida presentada por un socio culé.

El Ministerio Público quiere que se esclarezca a quién fueron a parar 40 millones de euros «cuyo destino se cuestiona». El delito –castigado con penas que oscilan entre los seis meses y los seis años de prisión– supuestamente se habría cometido en el momento en que se ingresó en Brasil ese dinero «bien a favor de Neymar Da Silva Santos Junior, de la sociedad N&N, sus representantes legales o terceros». Al haberse cometido en el extranjero por una persona de nacionalidad española, el presidente blaugrana, la Audiencia Nacional sería el tribunal competente para investigar la denuncia, argumenta el fiscal José Perals.

Perals recuerda en su escrito que los hechos objeto de la querella se refieren a los 57,1 millones pagados por el Barcelona para hacerse con los servicios de Neymar (17,1 en concepto de derechos federativos y otros 40 a la sociedad N&N), a los que habría que añadir otros 7,9 por un derecho preferencial sobre tres jugadores del Santos, club donde jugaba la estrella brasileña, y nueve más por dos partidos amistosos. Los contratos para el fichaje, añade, se firmaron en Brasil en 2011 y el 27 de mayo de 2013.

Pero según el socio denunciante, el contrato «se mantiene oculto» para los socios del Barcelona pues «no se conoce el destino real de los 40 millones de euros supuestamente pagados al jugador o a sus representantes legales». En la querella sobre la que tiene que pronunciarse la Audiencia Nacional se acusa a Rosell de llevar a cabo una «gestión desleal» del patrimonio del club perjudicando a la sociedad.

Para el fiscal, antes de pronunciarse sobre la admisión o no de la denuncia, es necesario «averiguar si la actuación del administrador (el propio Rosell) ha sido transparente o conforme a las normas internas» de la entidad y del Derecho Mercantil. Y es que, recuerda Perals, la denuncia no está apoyada en soporte documental alguno, pues el club catalán no ha facilitado los datos sobre el fichaje solicitados por el socio querellante «a pesar de haberlos reclamado mediante burofax». Por tanto, subraya, antes de inclinarse por investigar o no los hechos, hay que averiguar si éstos «son ciertos» y si, efectivamente, el Barcelona se negó a facilitar esa información.

Con ese objetivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama al juez Ruz –quien sería el encargado de instruir la causa– que pida al Barcelona «el contrato o contratos» firmados con el astro brasileño o sus representantes legales «y los justificantes de las cantidades desembolsadas en virtud de tales contratos». Del mismo modo, quiere que el club remita a la Audiencia las partes de la memoria económica de los años 2011, 2012 y 2013 en las que se haga referencia tanto al primer contrato firmado por el jugador con el club blaugrana como al segundo y definitivo del pasado mes de mayo.