Las eléctricas se repliegan para resistir a la ofensiva de Iglesias

La inquina que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, guarda contra las empresas energéticas es solo comparable a la que le tiene a Ana Botín, la presidenta de Banco Santander. Entre todas conforman la hidra que Iglesias descabezaría si tuviera la ocasión. Lo ha advertido en todas sus campañas electorales: hay que retomar el control del país creando una empresa eléctrica que mire «cara a cara» a las privadas. «Por decir que las empresas eléctricas mandan más que el Congreso de los Diputados hemos levantado muchas ampollas. ¿Sabéis lo que hacen las eléctricas para tener más poder que los Diputados? Comprarse ministros y presidentes», ha repetido incansable en decenas de mítines y debates. El mantra acaba siempre con advertencias directas, como la de aumentar las sanciones con el pretexto de que las multas a las eléctricas por incumplir la legislación apenas suponen un 0,003% de sus beneficios. Iglesias ha señalado que entre sus objetivos figura que Competencia establezca un sistema de sanciones más duro con las eléctricas, a las que ha acusado en numerosas ocasiones de «manipular el mercado». No hay que olvidar que Iglesias ha culpado a algunas eléctricas de las muertes de ciudadanos por supuestos cortes de luz que se producen en invierno en hogares vulnerables que no pagan el recibo hasta llegar a participar en concentraciones frente a las sedes de las energéticas. Asimismo, defiende que sean las eléctricas las que paguen enteramente el nuevo bono social combinado (gas-luz) cuya cuantía será mayor. Hasta ahora, las eléctricas pagaban los descuentos eléctricos para los hogares vulnerables, pero el bono térmico corría a cuenta de los PGE (75 millones en 2019).

Hasta la fecha, los principales responsables de las energéticas españolas –desde las petroleras a las gasistas o las eléctricas– se mostraban confiados en que Iglesias no llegaría a co-gobernar y mucho menos a tener mando en las cosas de la luz. De hecho, un alto directivo de una de las mayores eléctricas españolas reconocía hace unos meses a este diario que la complicidad de su compañía con la actual ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, era «absoluta» y que la sintonía era mayor que con anteriores ministros populares. Sin embargo, cuando se trataba la posibilidad de que Iglesias alcanzara la co-gobernabilidad las respuestas se blindaban con un «esperemos que eso no ocurra».

Ante esa eventualidad, las eléctricas contemplan planes de contingencia para afrontar un escenario más conflictivo con el Ejecutivo y con el regulador. Eso implicaría hacer frente a mayores compensaciones y recortes, por mucho que luego las eléctricas acudan a los tribunales para que sean estos quienes diluciden quién paga. La judicialización del sistema eléctrico es un escenario más que previsible si Iglesias logra, como así parece desde su vicepresidencia social, meter la cuchara al Plan de Energía y Clima y a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es que en 2050 toda la electricidad sea de origen 100% renovable.

Según desvelan las mismas fuentes, las eléctricas buscarán «adaptarse» a las nuevas circunstancias a sabiendas de que cualquier Ejecutivo «nos necesita para cumplir los objetivos de descarbonización y de eficiencia que marca la UE y que ha elevado el propio Sánchez, pero sobre todo para garantizar el suministro».

Así, el Plan de Energía y Clima se compromete a alcanzar para esa mismo 2030 un 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, un 39,6% de mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. Sin embargo, las eléctricas se reservan todas las medidas legales y estratégicas, entre ellas replegarse en España para apostar por otros mercados más receptivos, en caso de que Iglesias busque la confrontación directa.

El escenario a 2030, tras el cierre de térmicas y nucleares, será el siguiente: 50 GW de energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías. En total, 157 GW de potencia instalada sin mayor respaldo que el gas, cuyos precios fluctúan más que el uranio o el carbón y que alcanzaron niveles de 14 dólares/BTU antes de la crisis por los apenas 2,12 dólares por los que cotiza ahora.