La apuesta social de Bruselas, boicoteada por los países nórdicos

El giro social emprendido por la nueva Comisión presidida por Úrsula von der Leyen se ha topado con un obstáculo inesperado: la oposición de los países nórdicos a la puesta en marcha de un salario mínimo europeo. La propuesta estrella del Ejecutivo comunitario todavía no ha sido concretada, pero se enfrenta a la heterogeneidad de los diferentes mercados de trabajo en el seno de los Veintiocho. Los países nórdicos, tan admirados por su gran nivel de protección social, temen que una iniciativa de este tipo acabe socavando sus sistema de negociación colectiva que les asegura la imposición de salarios elevados (incluido un mínimo) sin la acción directa ni del Gobierno ni de Bruselas. Sobre el papel, estos países no tienen salario mínimo marcado por ley y no entienden sus ventajas. De momento, el gobierno comunitario se ha limitado a emprender una consulta en dos fases que cristalizará en una propuesta legislativa en el mes de septiembre. En este primer periodo, la Comisión Europea se encuentra analizando a fondo la situación, antes de dar un paso en falso. El boicot de los países europeos a una iniciativa de este tipo supondría un serio revés para la Comisión Europea que prometió un mandato caracterizado por su carácter social y verde, a cambio del apoyo del hemiciclo europeo a la frágil candidatura de la política alemana.

La situación de los países europeos está lejos de resultar equiparable. Según los últimos datos de la agencia Eurofond, el país campeón con un salario mínimo más elevado es Luxemburgo (2.071 euros) , mientras que en el otro lado de la tabla se sitúa Bulgaria (286 euros). En términos nominales, un trabajador en Luxemburgo recibe 7,2 veces el salario mínimo de un empleado en Bulgaria, lo que quizás no resulta tan extraño ya que el Gran Ducado es el país con una renta per cápita más alta de los Veintiocho.

Diferencias

Además, seis estados europeos no cuentan con el salario mínimo interprofesional. A los antes mencionados nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia), se suman Italia, Chipre y Austria. Dentro de este capítulo existen diferentes matices, ya que Italia y Chipre están reflexionando sobre su puesta en marcha y en el segundo caso el Gobierno tiene la potestad de fijar un mínimo para sectores especialmente castigados. Los porcentajes de los trabajadores que reciben el salario mínimo también varían (menos del 5% en Bélgica y Malta y hasta un 20% en Portugal y Rumanía). Consciente de la situación y del abismo entre los diferentes niveles de vida en los países europeos, el ejecutivo comunitario no pretende fijar un mínimo común ,sino el mismo porcentaje respecto al salario medio en el país. De momento, Bruselas considera que esta cifra podría ser el 60% susceptible de ser superada por cada Estado, aunque en su propuesta detallada también podría tener en cuenta otros factores como la correlación con el poder adquisitivo en cada Estado. Precisamente, el Gobierno español se ha comprometido a llegar a este montante del 60% a finales de legislatura. Según el último estudio de Eurofond, España fue el país que ha experimentado una mayor subida en 2019 en comparación del año anterior (22%) seguido de Grecia (10%).

A pesar de estos avances, España es actualmente el país europeo en el que la brecha entre el salario mínimo y el salario medio resulta más acusada de todos los países europeos (apenas supera el 40%) ¿Quién se encuentra en el otro lado? Sorprendentemente o, quizás no tanto, Italia y Dinamarca (casi el 80%) que, como decíamos, están en el grupo de los países que establecen el mínimo salarial a través de la negociación colectiva y sin intervención pública. El ministro de Trabajo de Dinamarca, Peter Humelgaard, no ha tardado en mostrar su desagrado por estos intentos de Bruselas de inmiscuirse en las tradiciones de su país. «En Dinamarca, los salarios son negociados por los sindicatos y los empleados solos. Ha sido así durante más de 100 años», aseguró en declaraciones al rotativo británico «The Guardian».

Racionalizar el sistema

Ante estos hechos, ¿no está condenados al fracaso los intentos de la Comisión Europea? Zsolt Darvas, analista del think tank Bruegel con sede en Bruselas no comparte esta opinión. «Esta propuesta estaba en el programa de la nueva Comisión Europea y hay razones para intentar esta armonización, ya que los salarios mínimos difieren mucho entre los países europeo y hay que racionalizar el sistema», contesta. Sobre los posibles problemas con los países nórdicos, considera que cabe una propuesta flexible en la que se respete el papel de la negociación colectiva en estos estados a la vez que «se tenga en cuenta que en estos países no todos los trabajadores están cubiertos por este sistema y esto deja a parte de los empleados fuera». Darvas recuerda que en Chipre tan sólo el 45% de los trabajadores entran dentro de los acuerdos de negociación colectiva y que incluso en los países nórdicos hasta un 20% de los trabajadores tampoco disfruta de este manto protector. Según los datos que el Ejecutivo comunitario aporta en su papel de consulta, esta cifra es del 98% en el caso de Austria y oscila entre el 80% y el 90% si tomamos el conjunto de Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia. Por eso , Darvas propone «disposiciones especiales» a través de un salario mínimo europeo del 60% para los trabajadores que quedan fuera del sistema, en este grupo de países que se rigen por la negociación colectiva y que miran con suspicacia la propuesta de Bruselas.

Trabajadores-empresa

Los sindicatos daneses también desconfían de las supuestas buenas intenciones de la capital comunitaria. «La base del modelo danés es el gran apoyo de los trabajadores y las empresas y las estadísticas de empleo muestran que el modelo danés asegura en general que la mayoría de los trabajadores en Dinamarca recibe un salario que es a la vez decente y asegura un buen modo de vida», asegura Lizette Risgaard, presidente de la confederación de sindicatos en el país quien también señala que en esta negociación de salarios se tienen en cuenta factores como la «productividad y la innovación».

¿Podrían el resto de los países imitar el modelo nórdico y fortalecer sus sistemas de negociación entre sindicatos y empresarios? Parece difícil. En los Veintiocho el porcentaje de trabajadores que cuenta con el respaldo de estos mecanismos se ha reducido entre 2000 y 2015 una media del 68,5% al 59,5% debido, entre otros factores, al auge del sector servicios y a nuevas formas de trabajo. Entre los Estados con salario mínimo regido por ley, las cifras de trabajadores amparados por la negociación colectiva varía entre el 20% en Estonia, Lituania y Polonia a por encima del 80% en Bélgica, Francia y Holanda. Más disparidades.

A pesar de las dificultades, la voluntad del gobierno de la UE de salir adelante con la propuesta parece fuera de toda duda. «La dignidad del trabajo es sagrada» , ha proclamado Von der Leyen. Su equipo calcula que uno de cada seis trabajadores europeos gana un salario bajo y que esta tendencia está al alza. Bruselas quiere echarles una mano, pero encontrar el método adecuado no siempre resulta fácil.