BBVA pagaba “primas de éxito” a Villarejo según los resultados

El BBVA habría pagado 10,2 millones de euros a la empresa de seguridad Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, por diversos trabajos de espionaje. En esa cifra se englobarían tanto las cantidades fijas estipuladas en los distintos contratos como las «primas de éxito» en función de los resultados obtenidos. Ahí se englobarían tanto los bienes localizados de acreedores que pudiesen ser posteriormente ejecutados, «validando las facturas presentadas por Cenyt tras el avalúo de dichos bienes y una vez efectuadas las liquidaciones respectivas», dando posteriormente el banco su conformidad a las mismas. Así consta en el informe incorporado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de noviembre al sumario del «caso BBVA». De esta forma, las áreas de Riesgo y de Servicios Jurídicos del banco no sólo habrían pactado las cláusulas de los contratos, sino que también habrían dirigido y cuantificado los «importes reales a pagar por BBVA en concepto de provisiones de fondos y primas de éxito».

En relación con estos pagos, la Fiscalía destaca igualmente otro dato más que significativo: el 63% de las facturas fueron emitidas como «facturas financieras», es decir, sin un pedido previo «y sin que siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas», mientras que el 37% restante de las facturas fueron emitidas y registradas como «facturas logísticas», dado que fueron «regularizadas por el Área de Compras, figurando un pedido previo». Además, Anticorrupción alude a que en ese proceso de facturación, contabilización y pago de las facturas a la empresa del excomisario Villarejo intervinieron también distintos departamentos o unidades económicas del BBVA. Las facturas, finalmente, se canalizaban «fuera de los circuitos protocolizados, dado su carácter ilícito». En este sentido, y en lo que se refiere a la contratación de la empresa Cenyt a partir de 2010, Anticorrupción destaca que fue el entonces jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, junto con los responsables del área de Riesgo Antonio Béjar e Ignacio Pérez, el encargado de negociar los términos de los contratos con la empresa de Villarejo y sus modificaciones, así como canalizar esas facturas fuera de los circuitos legales. Fue el entonces presidente del banco, Francisco González, quien dispuso realizar tal contratación.

En relación con ello, el propio Antonio Béjar reconoció ante el juez que había facturas que le llegaban a él, pero que se limitaba a «negociar con los clientes y a efectuar el avalúo para que la entidad no abonara mayores porcentajes que los bienes localizados por Cenyt, correspondiendo a los servicios jurídicos la decisión de fijar los porcentajes a pagar por prima de éxito por los bienes susceptibles de ser ejecutados una vez analizada su trazabilidad».

Para dar muestra de la fortaleza, solidez y «valor» de la empresa de Villarejo, cuando comenzaron las relaciones de ésta con el BBVA, en 2007, el apoderado de la primera, Rafael Redondo, que fue quien firmó los contratos con el banco, habría hecho llegar a la entidad el organigrama de Cenyt España, «por el que se daba un valor global al grupo de 46.340.000 euros (7.710 millones de pesetas)».

«Proyecto PIN»

En el mencionado informe, Anticorrupción realiza una mención específica al denominado «Proyecto PIN-Luis Pineda/Ausbanc», nombre dado para englobar distintas actividades de seguimiento y espionaje a Luis Pineda, ex presidente de Ausbanc y quien se enfrenta a 119 años de cárcel acusado de dirigir una trama de extorsión a empresas y bancos. Al respecto de ese «proyecto», la Fiscalía señala cómo el mismo se desarrolló entre 2012 y 2015 y tenía como objeto facilitar al banco información sobre Pineda y la asociación que dirigía, «en el marco de la defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial desarrollada por aquellos frente al BBVA». Sin embargo, sobre esa actividad no se suscribió contrato alguno por escrito, por lo que los pagos se debieron encubrir en otras facturas emitidas en ese mismo período de tiempo. «Dado su carácter eminentemente ilícito y especialmente confidencial, pudiera inferirse que los pagos relativos al desarrollo del mismo se habrían canalizado mediante la emisión de alguna de las facturas emitidas durante los períodos de vigencia del citado proyecto», afirma al respecto Anticorrupción en su informe. Ese proyecto fue encargado por Julio Corrochano, como director de seguridad del BBVA, a la empresa de Villarejo para que investigara a Pineda y a Ausbanc «frente a las extorsiones de que eran objeto y como alternativa a la denuncia» que se presentó.