El Ministerio de Hacienda abre la veda contra los bajos impuestos de Madrid

Confirmado. Al Gobierno no le gusta la bajada de impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que van a presentar una propuesta general para “armonizar” los impuestos cedidos a las comunidades autónomas en el marco de la reforma de la financiación autonómica, con el fin de evitar la “competencia desleal” entre regiones, aunque asegura que pretende hacerlo “sin afectar a su autonomía fiscal”. Toda una andanada directa a las regiones gobernadas por el Partido Popular, y en particular contra la Comunidad de Madrid, sobre la que la ministra tiene especial interés en un cambio drástico de su política fiscal.

En su comparecencia ante el Congreso para presentar los objetivos de su departamento, tanto de financiación autonómica como de armonización fiscal, Montero adelantó que va a poner freno a la excesiva libertad impositiva de comunidades como la madrileña, de manera que se garantice la autonomía fiscal. “Debemos atenuar situaciones de competencia desleal o ‘dumping’ entre comunidades con desigual punto de partida”. Hacienda ha recogido las quejas de algunas regiones -preferentemente las gobernadas por el PSOE, las que más gravámenes aplican de media-, que han criticado que pierden ingresos impositivos en favor de comunidades como Madrid y, por ello, no pueden afrontar más gastos sociales por falta de recursos procedentes del sistema de financiación.

Qué, cómo y cuánto

La ministra confirmó que pretende calcular el coste efectivo de los servicios fundamentales que prestan las autonomías -la educación, la sanidad y la dependencia- para determinar “cuánto cuestan y decidir cómo pagarlos”. Pero esta pretensión no es nueva. Cristóbal Montoro ya intentó una propuesta parecida, pero la fuerte oposición de algunas regiones impidió que se llevara a término. Ahora Montero vuelve a la carga y lo quiere llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que creará tres comisiones de trabajo, una por cada una de las políticas mencionadas, en las que se calcule ese coste de los servicios, se analice el gasto y se trate de consensuar “medidas de eficiencia”. El Gobierno pretende que los fondos públicos para sanidad alcancen el 7% del PIB, los de educación el 5% y los de dependencia, el 2%, y advierte que para financiar este nuevo modelo social “debe de haber un compromiso leal de todas las comunidades. El nuevo modelo tiene que servir a todos”.

Montero cargó contra el modelo actual porque es “complejo y poco transparente” e insistió en la necesidad de que el sistema garantice la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos al margen de donde vivan, “porque son ellos y no los territorios los que pagan los impuestos”, en una nueva referencia velada contra la política fiscal madrileña.

No a las exenciones

Asimismo, anunció que también pondrá coto a las exenciones que se producen en regiones como Madrid -aunque sin citarla- en impuestos cedidos como el de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones, para los que el Ejecutivo creará un “valor de referencia”, que negociará con las comunidades y se aplicará a la base imponible de estas tasas. Su intención es igualar los impuestos y evitar que haya regiones en los que estos gravámenes están prácticamente eliminados.

Montero se ha comprometido a que el “esqueleto” del nuevo sistema de financiación autonómica y local esté disponible en el próximo mes de noviembre, dentro del objetivo de que sea aprobada en la actual legislatura. También señaló como objetivos prioritarios de su departamento la aprobación “antes del verano” de los Presupuestos Generales del Estado de 2020; establecer una fiscalidad “más justa y redistributiva” que reduzca “la enorme brecha salarial generada por la crisis”; y garantizar la eficiencia del gasto público con la presentación de un nuevo método de cálculo de la regla de gasto, una de las exigencias de la ley de estabilidad para las administraciones públicas. Atiende así la petición de la Federación Española de Municipios de facilitar la inversión del superávit acumulado de las administraciones.