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Ana Botín testificará el 28 de mayo por la compra del Banco Popular

La Audiencia Nacional accede finalmente a que el ex ministro De Guindos declare por videoconferencia el próximo 2 de abril y cita también como testigo a Echenique, actual presidente de la entidad

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la quiebra del Banco Popular, ha citado a declarar como testigo el próximo 28 de mayo a la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín, tal y como había solicitado en su querella una de las acusaciones particulares personadas en el procedimiento. El actual presidente del Banco Popular, Rodrigo Echenique, también deberá comparecer en calidad de testigo, en su caso el 4 de junio. En otra resolución, el magistrado da el visto bueno a que el ex ministro de Economía Luis de Guindos, que está citado para testificar el próximo 2 de abril, lo haga a través de videoconferencia, tras rechazar la posibilidad de que lo hiciese por escrito.

Antes de esas comparecencia, está previsto que declaren como testigos la ex ministra Elvira Rodríguez el 4 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde una semana después, el día 11, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella, el 18 de marzo.

En su declaración ante el juez, el ex presidente del Banco Popular Ángel Ron -investigado en este procedimiento por administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos- acusó el pasado noviembre a su sucesor, Emilio Saracho, de la quiebra de la entidad y de querer venderla a bajo precio. El ex presidente del Popular -absorbido por el Banco Santander en 2018 por un euro- aseguró que el banco «era solvente» y defendió la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016. Sin embargo, para Saracho esa operación «se quedó corta" pues según dijo al juez hacían falta 8.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez. Pero para Ron esos 2.500 millones eran adecuados y recordó que los auditores de la entidad ratificaron esa ampliación, al tiempo que responsabilizó a su sucesor del desplome financiero del banco por no haber ejecutado el proyecto Sunrise, que apostaba por recurrir a los activos financieros de la entidad para intentar sanearla.