El coste de la hibernación económica del Gobierno superará los 60.000 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez, enredado en una gestión confusa de la pandemia del Covid-19, intenta compaginar medidas efectivas y efectistas, además de mantener el equilibrio interno de una coalición cada vez más problemática de puertas adentro, en la que Pablo Iglesias y sus ministros exigen visibilidad. Ayer, el enésimo Consejo de Ministros extraordinario optó por «la hibernación» de la economía, en palabras de María Jesús Montero, portavoz y ministra de Hacienda. Además, y es lo más importante –y también popular–, impuso un «permiso retribuido» para los trabajadores de los servicios no esenciales, es decir, para la mayoría. Un golpe duro a las empresas, que temen verse abocadas a ERTES generalizados y algunas por su futuro. Llueve sobre mojado.

Ayer mismo, en este diario, Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment y vicepresidente de la CEOE, advertía de que «prohibir el despido es dudar de los empresarios y traspasar una línea roja». También ayer, en sus minutos de protagonismo televisivo tras el Consejo de Ministros, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, presumía de medidas a favor de los trabajadores y desafiaba a los empresarios: «El Gobierno no acepta presiones». Antonio Garamendi, presidente de CEOE, a pesar de las críticas que recibía en su organización, intentaba mantener sintonía con el Gobierno. Tanto él como otros líderes empresariales han hablado varias veces con Pedro Sánchez y le han planteado sus propuestas, sobre todo en el terreno fiscal. Ahora, esa línea de entendimiento, si no está rota, está muy cuarteada.

Pedro Sánchez anunció el sábado, en otra larga y espesa aparición televisada, la paralización –al día siguiente era hibernación– de la economía, como penúltima contraofensiva ante el Covid-19. El domingo, el Consejo de Ministros, una vez más, aprobó algo parecido, pero no igual, como también ocurrió con el despido, que no ha sido prohibido sino encarecido. La paralización de la economía significa, sobre todo, detener el sector de la construcción y algunos otros industriales que todavía seguían activos. La construcción ocupa a 1,27 millones de trabajadores, según Seopán, que preside Julián Núñez. La construcción representa directamente un 6% del PIB español, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Seopán, que tiene en cuenta actividades indirectas, calcula que la actividad alcanza el 10% de la economía española. Eso supondría alrededor de 100.000 millones al año. Paralizar el sector casi dos semanas tendría, por tanto, un impacto directo de unos 4.000 millones de euros, a los que habría que añadir la repercusión indirecta, como transporte, energía, etc.

Por otra parte, no se deberían descontar los salarios de los trabajadores, ya que, en teoría, no dejarán de percibirlo. No obstante, es frecuente que, en muchas obras, los contratos sean semanales, por lo que la entrada en vigor de la nueva norma puede afectar a menos de los previstos. Por otra parte, la larga lista de subsectores –el Gobierno enumeró 40 excepciones por la mañana, pero por la noche, antes de oficializarlo en el BOE, tuvo que rebajar contrarreloj a 25– que mantendrán la actividad, según lo dispuesto por el Gobierno, hace que el impacto económico no vaya más allá de los 5.000 o 6.000 millones. Esa cifra, sin embargo, habría que sumarla a la del parón total, «la hibernación», de la economía. Un informe, elaborado por una compañía de telecomunicaciones, estima que el Estado de Alerta ha supuesto una reducción del 80% de la actividad económica en España, al que habría que añadir ahora al menos otro 7% de la construcción. En total, más de 85%. Eso quiere decir que el coste económico inicial de una hibernación de un mes rondaría los 70.000 millones de euros, una cifra que en muchos casos será una pérdida definitiva. La construcción y otros sectores industriales podrían, como dice el Gobierno, recuperar las jornadas perdidas ahora. No es sencillo, pero sí posible. En otros sectores no existe esa alternativa. Por ejemplo, toda la campaña de Semana Santa está perdida para el sector turístico y todo lo que mueve a su alrededor, por mucho que algunos hagan cábalas con trasladar las procesiones al otoño. La factura de la «hibernación», además, engordará más de 15.000 millones semanales mientras se mantengan las medidas de cuarentena. Es el precio, que algunos discuten, de la lucha contra la pandemia, mientras hay cambios en el horizonte. El PNV de Urkullu ya no está dispuesto a apoyar los Presupuestos de Sánchez.