Una crisis que no tolera improvisaciones

Los datos de la economía española ya eran malos antes de la crisis de mala prevención y gestión en la que estamos inmersos. El Producto Interior Bruto creció en 2019 un 1,8%, y en esa cifra se incluye una caída de la demanda interna y de la inversión. Además, por primera vez en seis años, España aumentó el déficit a un 2,7%, una irresponsabilidad derivada del aumento innecesario de gastos en periodo de ingresos récord que nos va a generar un agujero fiscal sin precedentes en 2020. Nos encontramos ante una crisis en la que los ciudadanos y empresas de España han sacado lo mejor de sí mismos para colaborar y combatir la pandemia, pero con un Gobierno que se entrega a la propaganda y la improvisación para disfrazar sus errores de gestión. Esta crisis nos demuestra que este era un Gobierno que solo iba a saber gestionar la bonanza.

Se pueden hacer muchas críticas al primer paquete de medidas económicas que lanzó el Gobierno. Sobre todo, que era un paquete orientado a una recesión moderada y que centraba todas las soluciones en ofrecer la posibilidad de endeudarse a las empresas. Sin embargo, al menos ese paquete de medidas no hacía daño. Podría ser ineficaz ya que intentaba solucionar con más deuda y préstamos un cierre forzoso de la economía, pero no era dañino. Era un plan inadecuado, pero no destructor. Todo ha cambiado en unos días. La acción de gobierno ha sido tomada por el ala más radical y con un objetivo no disfrazado de llevar a la economía a la ruina para imponer el intervencionismo más totalitario. Cercenar las piernas a la economía para luego presentarse a expropiar.

El Gobierno se lanza, con los Real Decreto 9 y 10, a una batería de medidas que probablemente van a enviar al cierre a miles de empresas y, además, lo hace –de nuevo– con improvisación, incoherencia e incompetencia. Un Gobierno en el que ningún miembro ha gestionado jamás una cadena de suministro ni creado una empresa industrial no solo no puede decidir qué actividades son esenciales y cuáles no, es que no debe decidirlo. El odio a la empresa está tan arraigado entre algunos miembros del Gobierno que rechazan cualquier apoyo en la gestión.

De cabeza hacia el rescate

Las medidas anunciadas nos abocan a un más que probable rescate por parte de la Unión Europea con resultados imprevisibles. ¿Por qué? Porque añaden a la grave irresponsabilidad de haber disparado los gastos en tiempos de bonanza la inaceptable temeridad de lanzarse a disparar todavía más el gasto por la crisis sanitaria mientras destruyen, por decisión ideológica, el tejido empresarial del país. Es la receta de la quiebra. Con unos ingresos fiscales que ya están cayendo más de un 40%, usan todo el espacio fiscal que nos concede la Comisión Europea ante la pandemia para empeorar la capacidad de generar ingresos en el futuro. Destruyendo el tejido empresarial del país destruyen el empleo futuro y los ingresos fiscales de los próximos cinco años. El Gobierno debería usar el espacio fiscal para preservar el tejido productivo del país, y lo que hace es enviarlo a la quiebra mientras promete subvenciones con el dinero de… Europa.

A la irresponsabilidad antes mencionada se une la temeridad de pensar que todo este desaguisado lo van a financiar los países europeos que han reducido su déficit y ajustado sus cuentas públicas en el pasado. El Gobierno de España no solo introduce una enorme inseguridad jurídica a las empresas de España con decretos que tienen medidas incomprensibles, contradictorias e improvisadas, sino que pretende que Europa no analice y monitorice las decenas de miles de millones de euros que van a gastar bajo el denominador común de «luchar contra el coronavirus» (donde van a incluir, no lo duden, todo tipo de gastos esenciales y no esenciales).

Es extremadamente peligroso que el Gobierno se apropie del término «coronabono», un nombre que es válido para una multitud de instrumentos con distintos aspectos porque va a convertir en inviable la propuesta para todos los países europeos y llevarnos al rescate. De las medidas anunciadas, todas suponen poner la carga de la recuperación en el balance del sector privado, acudiendo a una más que dudosa capacidad de endeudarse y aguantar. Y olvida el Gobierno que sin el sector privado no hay sector público.

De los 200.000 millones anunciados inicialmente, 117.000 se cargan al balance y riesgo de la banca y 83.000 al sector privado. El plan de rescate anunciado ayer incluye moratorias a autónomos, hogares y pequeñas empresas, pero no dejan de ser nada más que moratorias, es decir, periodificación de gastos. Debilita, y de manera muy importante, el balance del sector bancario y la capacidad de subsistencia del sector inmobiliario. De nuevo, son medidas que se basan en la idea de que la economía se va a recuperar rápidamente, pero, mientras se hacía el anuncio, miles de autónomos y empresas de España recibían cancelaciones de pedidos para noviembre, diciembre y enero mientras les anunciaban retrasos en el pago de facturas ya emitidas. España necesita que el Gobierno deje de pensar en un paréntesis sin impacto y empiece a pensar en el enorme agujero que se está creando en solvencia y liquidez de empresas y sector privado. No es cuestión de moratorias y préstamos, es cuestión de exoneración de impuestos, usar el espacio fiscal extraordinario que nos han concedido para mantener el tejido productivo.

Daniel Lacalle es Economista Jefe de Tressis