Nacionalizaciones: Europa gira a la izquierda

Bruselas ha abierto una nueva brecha en el Gobierno a causa de las nacionalizaciones. La Comisión Europea ha aprobado una legislación con la que facilitar que los estados entren a participar en las compañías para reforzarlas económicamente ante la caída de su valor a raíz de la presente crisis. De esta manera, se evitaría que desde fuera de la UE aprovechasen las gangas empresariales que se reparten por el continente y, básicamente, se produzca un expolio de riqueza. En España, los socialistas estiman que no tendrá que llevarse a cabo ninguna nacionalización, así lo ha dicho la ministra de Exteriores, González Laya, pero en el programa de sus socios de gobierno, Podemos, se mostraba la intención de que el estado se hiciese con el control de sectores estratégicos como el energético o el financiero, y ahora Bruselas ha abierto una oportunidad que difícilmente querrán dejar escapar.

La pregunta es, con la elevadísima deuda que tiene nuestro país, y con el enorme gasto público que se está realizando ahora, ¿puede el Ejecutivo permitirse invertir en participaciones de una empresa privada? La respuesta está en la comparación con otros estados europeos (como Alemania o Francia), que poseen una mayor cantidad de compañías porque tienen más capacidad económica para llevar a cabo este tipo de operaciones. A este respecto, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Juan Ignacio Cáceres Ruiz, admite que «España nunca ha sido un país rico, al estilo de los países del norte de Europa, y si a eso le unimos que nuestros políticos, del signo que se quiera, nunca han pensado a largo plazo, sino que han aplicado las medidas necesarias para mantenerse en el poder dejando los necesarios cambios estructurales al que venga detrás...».

Límites

La normativa de la CE deja claro que las participaciones públicas que se inicien próximamente no pueden ser eternas. «Deben ir acompañadas de plazos de salida o desinversión, entre otras razones, para evitar distorsiones desleales a la competencia», sostiene el director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo. El periodo establecido es de un máximo de seis años para las cotizadas y siete para las que no están en bolsa.

Si cuando se cumplan estos plazos algún estado no ha reducido, como mínimo, su participación por debajo del 10%, la CE obligará a reestructurar la compañía. Además de las restricciones de salida, las hay de entrada. Cuando la inversión supere más del 22% del capital de la empresa o sobrepase los 250 millones de euros, esta operación tendrá que ser aprobada por la propia CE.

En un principio, estos límites iban a ser inferiores, por ejemplo, de 100 millones de euros, pero Francia y Alemania, dos países con un importante historial de participaciones públicas, querían poder nacionalizar sin tanta vigilancia de Bruselas y pidieron que el margen se ampliase a 500 millones. Y después de tanto regatear, llegaron a un acuerdo salomónico, “ni para ti ni para mí».

Sectores

Las empresas que tienen más posibilidades de ser capitalizadas con dinero público pertenecen a los sectores, apunta Izquierdo, «con mayor visibilidad y que cuentan con empresas emblemáticas de gran tamaño. Son siempre los que mayor riesgo tienen de ser objeto de nacionalizaciones discrecionales, en la medida que en estos supuestos son más fáciles de instrumentar los intereses políticos o clientelares que las suelen motivar».

En el caso de España, los sectores que cumplen estas características serían el de la banca y el de la construcción. No obstante, señala el economista Gonzalo Bernardos, «las empresas del primero tienen mucha más solvencia que hace doce años y las del segundo tienen proyectos para obtener ingresos durante los próximos ejercicios». Es decir, si se cumple la norma de que solo hay que nacionalizar compañías en apuros, no serían ninguna de éstas.

Aunque en nuestro país existe otro sector estratégico con menos presencia en bolsa y sin multinacionales tan gigantescas pero sí con enorme relevancia para el conjunto de la economía, el turismo. Es la industria que más está sufriendo esta crisis pero «puede endeudarse poniendo como garantía los hoteles», detalla Bernardo, por lo que no necesitaría la intervención estatal. El problema está en uno de los sectores vinculados, el de las aerolíneas. Y en concreto en la cotizada IAG. «Tenía mucha más caja que sus principales competidoras, pero no sabemos si será suficiente», indica Bernardos. Por lo tanto, es la compañía que más posibilidades tiene ser nacionalizada por parte del estado español.

En el resto de Europa, también son las aerolíneas las primeras que se verán abocadas a este proceso. El exdecano de Esade y profesor de finanzas de la escuela, Robert Tornabell, cuenta que «Francia ha prometido quedarse con el 25% de las acciones de la compañía aérea Air France (7.000 millones de euros) y el gobierno de Holanda contribuiría con 4.000 millones. Alemania prestará dinero a Lufthansa y posiblemente será a cambio de un paquete de acciones, pues teme una posible compra agresiva por parte de fondos buitre».

Los malos momentos que atraviesan Air France y Lufthansa son el motivo por el que, como se ha comentado, Francia y Alemania han luchado con Bruselas para que abra la mano lo máximo posible con las nacionalizaciones. Sin embargo, Bernardo está seguro de “que la historia sería muy distinta si el problema lo tuvieran solo España e Italia”. Entonces, la CE hubiese sido mucho más restrictiva y “Alemania y Francia hubieran visto la coyuntura como un muy buena oportunidad para que sus empresas compraran las nuestras y las italianas”.

Crisis 2008

Durante la crisis 2008 los estados también entraron a participar en un puñado de compañías. Pero si bien en esta ocasión las compañías señaladas son las aerolíneas, entonces fueron los bancos. Tornablle explica que hace una década “Gran Bretaña nacionalizó varios bancos porque en las calles se formaban colas de depositantes que pedían retirar sus ahorros y habían perdido su confianza. Fue el caso, por ejemplo, del TSB, luego comprado por Sabadell, del Royal Bank of Scotland y otros. En Alemania, la canciller Angela Merkel nacionalizó un banco Hipotecario porque estaba en quiebra. En España, tenemos el caso de Bankia. Se llevó a cabo el rescate bancario porque salió a bolsa con precios injustificados. Nos costó 62 mil millones de euros (que pagan los contribuyentes). Algún día se privatizará y quizás recuperemos una parte. Pero va para largo”.

Que la banca fuese el foco de la nacionalizaciones de la crisis de 2008 tenía un causa únicamente financiero. “Era imprescindibles para que la gasolina (el crédito) fluyera y el automóvil (la economía) volviera a correr”, subraya Bernardos. Pero las participaciones públicas de ahora están motivadas por algo bien distinto. “Tendrán un gran componente de orgullo patrio. Hay grandes empresas alemanas y francesas muy tocadas (Air France y Lufthansa), con un futuro muy comprometido. Ambos gobiernos las han vuelto intocables”, añade Bernardos.

En contra

Si en algo se parecen las nacionalizaciones de la crisis 2008 y las de ahora es en el intenso debate que han generado. En nuestro país, una de las voces que se posicionan en contra es la CEOE. Desde esta institución indican que “las intervenciones estatales en empresas suponen una distorsión de la competencia, además de una fragmentación del mercado único europeo, ya que los diferentes estados miembros tienen distinta capacidad financiera para llevar a cabo estas medidas. A su vez, el sector privado ha demostrado ser un gestor más eficaz de los recursos disponibles para la provisión de bienes y servicios. Por ello, la toma de participación del estado en las empresas puede suponer un menor grado de eficiencia”.

Justo este último es uno de los motivos por los que Izquierdo se postula en contra de las nacionalizaciones: “Las políticas de nacionalizaciones multiplican las ineficiencias productivas, con el consiguiente deterioro de la competitividad. Es mucho más difícil que una empresa que esté dentro del ámbito público, y por lo tanto con la posibilidad de mantener pérdidas constantes en el tiempo, haga los ajustes y transformaciones obligadas en cada situación. Por ello, ante el fracaso de estas acciones, en las últimas décadas, la tendencia para recuperar el crecimiento fue precisamente la política contraria de privatizaciones y desregulaciones. Son políticas equivocadas que generan desconfianza, inseguridad jurídica y múltiples distorsiones asignativas. De lo que hay que hablar es de garantizar los principios de libertad de empresa, derecho de propiedad y competitividad, para que la empresa pueda protagonizar la salida de la crisis”.

A favor

No obstante, para Cáceres Ruiz en realidad los malos resultados de una empresa con participación estatal no depende de esa condición, sino de una dirección precaria: “Los riesgos macroeconómicos se derivan de una mala gestión empresarial, no de la titularidad pública o privada de las empresas. En la medida en las empresas públicas se acostumbren a sobrevivir a base de barreras de entrada, beneficios extraordinarios, compensación de pérdidas y costes o ayudas públicas no habrá competencia, lo que conduce a la desaparición de la empresa privada. Sin embargo, si las reglas del juego son las mismas para todos y se tiene claro que si no eres productivo desapareces, el que la empresa sea pública o privada es irrelevante. El riesgo es la mentalidad “clientelar” de los políticos, los gestores, los trabajadores de las empresas públicas y la falta de competencia”.

Además, Cáceres Ruiz explica que las compañías nacionalizadas han sido uno del crecimiento económico español en el pasado: “La empresa pública en España sirvió para reconstruir el tejido industrial que quedó devastado tras la guerra civil y, en la medida que el sector privado no tenía recursos para tirar del carro de la economía, fue el sector público quien lo hizo a través del Instituto Nacional de Industria creado en 1941. El INI, canalizó las inversiones precisas para permitir la industrialización del país, acometer los grandes proyectos de infraestructuras e industriales y las actividades productivas relacionadas con la defensa. Debido a la autarquía, este proceso fue más lento que en el resto de los países europeos, pero permitió un desarrollo industrial que se vio frenado posteriormente convirtiéndose en un “hospital de empresas” en el que se socializaron las pérdidas de empresas inviables en aras de mantener la paz social”.

Por su parte, Tornabell desmiente los argumentos en contra de la escasa productividad que provocan las nacionalizaciones con el ejemplo de una compañía española: “Existe un viejo argumento: las empresas públicas son menos eficaces y en el pasado ha sido “socializar las pérdidas”. Pero Repsol era pública (el estado tenía “la acción de oro”), se privatizó y ahora es más rentable que muchas petroleras de Europa”. Está tan convencido de la virtudes de estas operaciones para salvaguardar la economía que, añade, “cuando se trata de empresas estratégicas, debe hacerse aunque se deba lo que se compre o nacionalice”.