El Gobierno indulta al diésel

El Gobierno ha levantado la guillotina sobre los vehículos diésel en el último momento y no prohíbe su circulación ni su venta, en el caso de los de segunda mano, a partir de 2040. Aunque la Ley de Cambio Climático establece 2040 como fecha a partir del cual se eliminarán de la circulación los vehículos que no sean de cero emisiones, no se refleja la prohibición de matriculación de motores diésel o gasolina, el llamado “veto al diésel” en el articulado de la normativa, compuesta por 36 artículos distribuidos en 9 títulos. El objetivo es que para 2040 no se matriculen “vehículos nuevos” de combustión en España, pero para alcanzar este fin se promoverán todas las medidas para favorecer la implantación del vehículo eléctrico sin que por ello se prohíban las matriculaciones de vehículos de combustión hasta 2040. En este sentido, el Gobierno dará ayudas tanto a la venta de vehículos eléctricos como a la infraestructura de recarga, hasta “como mínimo” 2025, en línea con el objetivo de que para 2040 no se matriculen vehículos nuevos de combustión en España.

El Gobierno defiende ahora que nunca ha contemplado sacar de la circulación a todos los vehículos diésel o de gasolina en 2040 y siempre ha apostado por la transición gradual estableciendo esa fecha como límite a partir del cual todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en España tengan que ser de emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro.

El texto recoge otros objetivos, como llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales ya totalmente sin emisiones directas de CO2, así como un objetivo de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones de CO2 para 2030, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijó en 5 millones.

El Gobierno confía en que entre 2023 y 2027 exista una paridad en los precios de las dos tecnologías, combustión y eléctrica, lo que hará innecesario prorrogar las ayudas.

Otras medidas relacionadas con la movilidad establecen que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones y, además, se “blinda” su reversibilidad mediante un informe preceptivo del Ministerio y la autoridad autonómica competente y se apoyan iniciativas de impulso de transporte público y del uso de la bicicleta.

Los sucesivos gobiernos deberán establecer cada cinco años una estrategia de Transición Justa. Con mayor motivo como consecuencia de la precaria situación en la que se encuentra la industria automotriz, con amenazas de cierre de plantas en nuestro país, como la de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, a raíz de la transición eléctrica y la paralización económica por el Covid-19. Precisamente, esta ambiciosa ley impulsada por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, chocará con la dura realidad económica en la que la gestión de la crisis sanitaria ha dejado a España, con una previsión de caída del PIB de hasta el 13,6%, según el Banco de España, y una lenta recuperación del empleo, los ingresos públicos y las rentas que rebajarán tanto las ansiadas ayudas públicas para la transición ecológica como la capacidad de los españoles para invertir recursos en cambiar de coche.