El Gobierno subcontrata la gestión del Ingreso Mínimo por el colapso administrativo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llevará la tranquilidad económica a miles de hogares en situación de máxima vulnerabilidad, pero también puede provocar un nuevo bloqueo administrativo en la ya de por sí desbordada plantilla de la Seguridad Social, que durante la crisis sanitaria se ha visto al borde del colapso en varias ocasiones. Para intentar paliar esta situación y aliviar el trabajo de una plantilla “a punto de decir basta”, comentan muchos funcionarios, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha decidido subcontratar a través de la empresa semipública Tragsa -participada en un 51% por el hólding público SEPI- a cerca de 500 personas, 300 de los cuales se dedicará a gestionar el tratamiento de expedientes, y otros 200 teleoperadores se encargarán del servicio de ayuda telefónica.

Esta sería la tercera vez durante esta crisis que el Gobierno tiene que recurrir a un servicio externo para apoyar el trabajo de los funcionarios, tras el colapso que sufrió el SEPE en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, que ha provocado el retraso el cobro de estas prestaciones. Por ello, la Seguridad Social quiere anticiparse a las necesidades que sabe de antemano que van producirse, máxime cuando en las primeras 48 horas de la puesta en funcionamiento en la web ministerial del simulador de renta para saber si se tiene derecho o no al IMV -aprobado el pasado viernes por el Gobierno- se superó de largo el millón de visitas y llegó a bloquearse la capacidad del sistema.

El Ingreso Mínimo Vital ya ha entrado en vigor, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y aunque la práctica totalidad de los 100.000 casos que se aprobarán en una primera fase se van a otorgar de oficio, los demandantes que creen tener de derecho podrán hacer su solicitud a partir del próximo 15 de junio, justo cuando la Seguridad Social tiene previsto tener operativo el “batallón extra de subcontratados”.

El Ministerio de Escrivá va a seguir los mismos pasos que ya dio el de Yolanda Díaz. Su Ministerio de Trabajo ya firmó un primer contrato con Tragsatec -filial de Tragsa- para realizar tareas de apoyo en la tramitación de los ERTE -por un importe de casi 140.000 euros-, tras superar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) su límite de capacidad técnica y de personal para gestionar la avalancha de prestaciones que se presentaron -hay que recordar que el SEPE ha gestionado en poco más de dos meses una cifra total de casi 5,9 millones de prestaciones, de las que 791.921 son nuevas, por un importe total de 5.121 millones-. El segundo de los contratos con la misma empresa -por un valor que superó los 770.000 euros- se realizó el pasado 5 de mayo para poder gestionar el subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, en cuya licitación se reconocía que “el SEPE carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar este nuevo subsidio dada la sobrecarga de trabajo que ha conllevado la incidencia del Covid-19”, según aparece en el propio portal de transparencia.

Ahora, la Seguridad Social ha rubricado el citado tercer contrato con la misma compañía para evitar problemas de gestión del Ingreso Mínimo Vital. Precisamente, Tragsa ha presentado un beneficio de 6,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior. Este resultado mejora el de 2018 en casi 900.000 euros y consolida la senda de beneficios del año anterior, cuando se puso fin a las pérdidas que había venido cosechando la empresa pública en los años anteriores. Gracias a sus nuevos contratos las cuentas para 2019 apuntan a unos beneficios incluso mejores.