Alcaldes de trece partidos exigen un decreto exprés para usar sin restricciones el superávit de 5.000 millones

Los alcaldes de la mayoría de las principales ciudades españolas que no están en manos del PSOE, y que pertenecen hasta 13 partidos políticos diferentes, han reiterado su rechazo al acuerdo rubricado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apruebe un “decreto exprés” que permita a los municipios repartir un fondo de 5.000 millones entre todos los ayuntamientos, tengan o no superávit. En una reunión telemática celebrada hoy, hasta 31 alcaldes han acordado un documento en el se recoge que el reparto se haga “en función del criterio de población” y no por cuestiones que “afecten a la contabilidad nacional o de que dispongan o no de ahorros”, de la misma manera que “no se le exige esta condición a las comunidades autónomas”, recoge el documento. Si el Gobierno no tuviera en cuenta sus reivindicaciones, sus correspondientes representantes en el Congreso de los Diputados amenazan con plantarse en bloque y rechazar el acuerdo.

Aunque mantienen el rechazo frontal a lo firmado entre Sánchez y Abel Caballero, presidente de la FEMP, los alcaldes han abierto la puerta a la negociación y han emplazado al Ejecutivo a que negocie un nuevo texto que recoja sus aportaciones, pero que mantenga “aquello en lo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo” -como el fondo extraordinario para el transporte público, la prórroga del tiempo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles o la flexibilización de la regla de gasto en 2020 y 2021-. “El Gobierno debería hacer una reflexión sobre las soluciones que está aportando a las entidades locales, que más que soluciones son nuevos problemas”, declaró Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza e impulsor de este encuentro, que recordó que los partidos de los alcaldes firmantes suman mayoría absoluta para rechazar el acuerdo en el Congreso. Su objetivo es que se el nuevo real decreto garantice que el fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos sea “justo e igual para todos” y que no se tenga en cuenta su situación económica o si dispone a o no de remanentes.

Todos los grupos, excepto el PSOE, rechazaron el lunes en bloque el decreto que les obliga a ceder sus remanentes para acceder a un fondo de ayudas. Los grupos expresaron su desacuerdo en la Comisión de Hacienda de la Cámara tras la comparecencia de la ministra María Jesús Montero, que tuvo que dar marcha atrás y decidió congelar la presentación de este decreto hasta que los grupos en el Congreso acuerden posibles modificaciones. Todos los partidos denunciaron que el acuerdo de la FEMP solo contó con el apoyo de los alcaldes socialistas y del presidente de la federación, Abel Caballero, por lo que denunciaron que se había quebrado el consenso municipalista y que tampoco se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos, cabildos o diputaciones que no tienen remanentes y no pueden transferir al Estado el dinero para acceder al fondo.

El documento conjunto firmado hoy ha contado con el apoyo de todas las formaciones con representación parlamentaria, salvo el PSOE, y ha unido a PP, ERC, BNG, PdCat, CC, PRC, Compromís, UPN, Cs, Podemos o Barcelona en Común, entre otros, pese a sus duros enfrentamientos políticos. Se trata de alcaldes de “prácticamente todos los partidos políticos, recalcó Azcón, quien afeó a los socialistas que hayan preferido defender la posición de su partido en lugar de unirse a la posición mayoritaria de los alcaldes españoles y de defender a sus ciudadanos. En conjunto han respaldado la propuesta in situ los primeros ediles de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, València y Zaragoza.

Azcón ha anunciado que los alcaldes contrarios al acuerdo entre Hacienda y la FEMP acudirán al Congreso de los Diputados el día en que se convalide el real decreto, ya que quieren que se les escuche después de haber pedido diálogo “por activa y por pasiva”. De esta negociación depende que el Gobierno pueda tener acceso inmediato a los 14.000 millones de remanentes acumulados por los consistorios.