Los riesgos de los 140.000 millones del plan de recuperación

El Gobierno ya ha presentado sus propuestas para gastar los 140.000 millones de euros que, entre transferencias y financiación asequible, nos otorgará Bruselas a lo largo de los próximos años. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el objetivo último es transformar la estructura productiva de España, dándole un impulso decisivo a la economía y creando 800.000 nuevos empleos. Los problemas de esta meta son, sin embargo, considerables.

Primero, durante este año se han destruido alrededor de 750.000 empleos, de modo que crear 800.000 a lo largo de los próximos años apenas serviría para recuperar lo que hasta el momento se ha perdido. En todo caso, hacer proyecciones a tres años vista en un contexto tan incierto como el presente es del todo estéril: si la segunda ola se complica o si arranca una tercera, todo cálculo actual saltará por los aires.

Segundo, el plan que ha presentado Sánchez sólo es una colección de generalidades sobre líneas amplias de actuación. No existe un itinerario detallado de los proyectos que piensan financiarse con su correspondiente dotación presupuestaria: apenas se nos señala que, por ejemplo, se busca modernizar la Administración pública y adaptarla al siglo XXI destinando 7.000 millones de euros; o que se reindustrializará España con 24.000 millones de euros... Pero en ningún momento del plan se desciende a partidas de gasto individualizadas que permitan hacernos una idea de qué se pretende realmente financiar y qué no. En este sentido, no perdamos de vista que los 140.000 millones de euros que nos ha prometido Bruselas son sólo el importe máximo que podemos llegar a recibir, pero en absoluto está garantizado que vayamos a recibirlos si no presentamos proyectos de inversión que encajen con las prioridades que busca la Comisión Europea y, a su vez, implementamos las reformas que se nos vienen pidiendo desde hace una década.

Tercero, la estructura de gobernanza de los fondos europeos –el mecanismo que supuestamente concretará las generalidades programáticas a los proyectos específicos– es una estructura extraordinariamente politizada. Pedro Sánchez presidirá la comisión encargada de gestionar los fondos, la cual estará asesorada por los ministerios y por distintos foros consultivos integrados por empresas o asociaciones civiles. Se trata, dicho en otras palabras, de un procedimiento no profesionalizado –no estamos ante una comisión de técnicos independientes–, donde políticos, burócratas y «lobbies» empresariales harán su agosto a la hora de repartirse esos 140.000 millones de euros.

Y cuarto, no olvidemos que el precio que estamos pagando por poder utilizar una parte significativa de esos fondos es más endeudamiento público. España va encaminada a superar unos pasivos estatales superiores al 120% del PIB, lo cual supondrá a medio plazo tener que subir mucho los impuestos –el Gobierno ya va enseñando la patita a ese respecto– o recortar enormemente los gastos. Así pues, los excesos del presente serán los recortes del futuro: el impulso a la creación de empleos hoy vendrá en muchos casos a costa del frenazo de la creación de empleos mañana.

En definitiva, los fondos europeos no son la panacea para resolver nuestra crisis económica. En especial, si se efectúa un mal (y politizado) uso de tales fondos. Por desgracia, todo parece atado y bien atado para que PSOE y Podemos controlen de un modo caprichoso e interesado ese dinero: perpetuarse en el poder antes que impulsar el desarrollo sostenible del país.