El Gobierno reorganizará los ministerios económicos para evitar colapsos en el reparto de la ayuda europea

Evitar más colapsos como el que siguen sufriendo los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social por culpa del ingente volumen de tramitaciones del las prestaciones sociales y laborales durante la pandemia. Ese es el objetivo que se ha planteado el Gobierno para que no haya disfunciones y retrasos en la gestión de las inversiones y los proyectos, que involucrarán a toda la Administración Pública. Fuentes ministeriales confirmaron que se buscarán apoyos en empresas privadas con “un largo bagaje profesional y contrastada experiencia”

El Gobierno está analizando el posible “un reforzamiento de la capacidad” de algunos ministerios -el grueso de los denominados económicos- y de las agencias públicas adscritas a ellos para agilizar la gestión de los fondos europeos que llegarán para implementar el plan de recuperación presentado la semana pasada. Este reforzamiento implica que se va a involucrar a las distintas capas de las Administración pública, tanto a nivel organizativo como de personal -se están barajando incluso incrementos de plantilla- con el objetivo final de agilizar su ejecución.

Los ministerios de Transición Ecológica y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que serán los principales receptores de estas ayudas -vehicularán el 37 y 33% respectivamente de los 72.000 millones de euros en fondos que llegarán desde Europa para impulsar la economía verde y la digitalización-, cambiarán y potenciarán sus estructuras para evitar situaciones de bloqueo -sin descartar otros ministerios, como Asuntos Sociales, Trabajo o seguridad Social-. Hacienda tendrá un papel primordial en la ejecución de estos fondos, así como agencias estatales y semipúblicas con mayor capacidad para ejecutar proyectos, como Red.es o Tragsa, con la que se ha contado en varias ocasiones como refuerzo en Trabajo y Seguridad Social para la tramitación de los ERTE, el “paro de autónomos” o el ingreso mínimo vital, ante el colapso que ha vivido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este plan para imbricar todas estas administraciones, descarta totalmente la creación de una agencia especial para vehicular todos los proyectos. la razón hay que buscarla en la “premura” con la que se debe trabajar y por cuestión de “efectividad”, dado que su simple creación podría consumir año y medio y el riesgo de generar “cuellos de botella” es alto si todo tiene que pasar por un organismo o ventanilla única, según recoge Servimedia de fuentes gubernamentales. Frente a la opción de una agencia única especializada, independiente o no, “se ha impuesto la idea de involucrar a toda la Administración Pública”: desde los ministerios y agencias públicas, a las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y entes locales.

Al descartar la idea de la ventanilla única, para facilitar y agilizar la ejecución de los proyectos, se aprobará un real decreto-ley en enero que reducirá las principales barreras y “cuellos de botella” legales de la administración. Se creará una comisión interministerial presidida por el propio presidente del Gobierno y una unidad de seguimiento en la Moncloa para la correcta ejecución de los fondos, que asumirá Manuel de la Rocha, se reactivará la Conferencia sectorial de fondos europeos con las comunidades autónomas y se propondrá a la Mesa del Congreso la Comisión mixta de la UE.

En paralelo a esta reorganización administrativa y funcional se realizará otra legislativa y de gestión, con el objetivo de agilizar los procesos. Para ello se está revisando todas las legislaciones involucradas en la gestión administrativa tales como subvenciones y contratos públicos-, para evitar vulneraciones jurídicas que afecten a la forma del reparto de fondos y con la intención de reducir tiempos y eliminar las trabas burocráticas. Se pretende agilizar al máximo el proceso respetando las exigencias y los tiempos que impone la directiva europea de contratación pública. Hay que recordar, que el Gobierno debe justificar cada euro entregado ahora la apelación del dinero con proyectos específicos, debe detallar sus beneficios para la economía y a cuántas personas llegan, además de un calendario de objetivos muy minucioso. Solo así podrán recibir el dinero solicitado en diferentes tramos.

Según las mismas fuentes, la intención del Ejecutivo es poner “a máxima capacidad la maquinaria para que los proyectos se visen, valoren y autoricen con rapidez”, ya que la intención es aprovechar los 72.000 millones de euros en tres años y no en los seis que permite Bruselas para, precisamente, acelerar la recuperación de la economía con su rápida transformación -a España le corresponden unos 140.000 millones del fondo Next Generation aprobado por la Comisión Europea con 750.000 millones, y de los que aproximadamente la mitad serían en forma de transferencias y el resto vía crédito reembolsable. El Gobierno ha decidido solicitar 72.000 millones: 60.000 millones con recurso a dicho fondo y 12.400 millones adicionales al React-UE, una especie de fondos Feder pero volcado para la situación creada por el Covid-1-. Las diferentes administraciones serán las encargadas después de determinar los recursos que se necesitan o si precisan algún tipo de apoyo externo para llevarlo a cabo, y desde el Gobierno se “formularán los diferentes objetivos, se buscarán convenios con las comunidades autónomas y el resto de Administraciones públicas para que las ayudas lleguen a todo el territorio nacional y puedan participar todo tipo de empresas y su ejecución sea rápida”.

Como primer paso en esta nueva concepción ministerial, el Ejecutivo constituirá el martes el Consejo Consultivo para la Transformación Digital. La primera reunión estará presidida por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, e incluye en el orden del día el estudio del plan de recuperación qy de la estrategia ‘España Digital 2020-2025’, que se publicó en julio. La constitución del Consejo Consultivo llega tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de octubre de la orden de creación de este órgano, que se encargará de asesorar en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de transformación digital, en particular, en los ámbitos de las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y el despliegue de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

La creación de este consejo asesor fue uno de los compromisos de Pedro Sánchez para esta legislatura en materia de digitalización. Entre sus miembros habrá representantes de las organizaciones empresariales, las patronales de telecomunicaciones, los sindicatos, organizaciones de consumidores, cadenas de televisión y radio, administraciones locales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entre otros. La Presidencia del consejo corresponde a al titular de Economía y los vocales se nombrarán por un periodo de dos años, que podrá ser renovado por periodos iguales.

El Ejecutivo iniciará las negociaciones formales de ese macroproyecto con Bruselas el próximo 15 de octubre y se prolongarán hasta final de año -hasta la primavera en la parte que llega del fondo React-UE-. La Comisión Europea dispondrá después de dos meses para visarlo y autorizarlo. Dicho calendario es el formal, aunque ya se están produciendo contactos oficiosos para que el proceso y los proyectos se ajusten a las pautas de Bruselas que, entre todas cosas, ha impuesto qué porcentaje debe ir a economía verde o digitalización. El Ejecutivo ha previsto incorporar 27.000 millones de los fondos vía Presupuestos Generales del Estado para el próximo año subiendo el techo de gasto por si se precisase endeudamiento en caso de retraso en la llegada del dinero, que espera para mediados del 2021. Por lo pronto solo apela a las transferencias que le corresponderían a España y deja para otro momento solicitar o no el tramo correspondiente a créditos reembolsables que también podría proveer Europa y cuya ventana para solicitarlo estará abierta hasta mediados del 2023.