La Seguridad Social ni ha mirado la mitad de las solicitudes del Ingreso Mínimo cuatro meses después de su aprobación

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) detalla que, en cuatro meses, se han recibido más de un millón de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que, quitando las peticiones duplicadas, ha habido 975.000 expedientes válidos. Del total, solo se han procesado 488.000 expedientes. 328.000 solicitudes han sido resueltas, 136.000 de forma positiva (41,5% de los expedientes resueltos hasta la fecha) y 192.000 solicitudes denegadas (58,5% restante), mientras que a otros 160.000 solicitantes se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Esto deja a 487.000 hogares aún pendientes de una respuesta cuatro meses después de ponerse en marcha la prestación. Además, si se tiene en cuenta que del total de prestaciones concedidas, 74.000 se aprobaron de oficio en junio, el resultado final es que de 975.000 solicitudes, la Seguridad Social solo ha aprobado 62.000.

Los hogares a los que se les ha concedido el IMV, añade la Seguridad Social, percibirán en unos días los pagos, que sumará más de 158 millones, y que incluirán, cuando corresponda, los abonos desde junio, dada la retroactividad de la medida. El atasco en la gestión no acaba de desaparecer y las cifras se siguen situando lejos de las anunciadas en junio, tras la aprobación de esta medida tan urgente y que debía llegar a las familias con la máxima premura. Según las estimaciones del Gobierno, 850.000 hogares podrán cobrar la prestación, lo que equivale a unos 2,3 millones de personas.

Cambios normativos

Hasta el 17 de agosto, la Seguridad Social recibió un total 750.000 solicitudes. De esta cantidad, solo fueron aprobadas 6.000, lo que representaba apenas un 0,8% de las solicitudes presentadas. Las críticas sobre la lentitud en la gestión por parte de sindicatos, asociaciones, oposición e incluso miembros del Gobierno impulsaron una serie deretoques para solucionar sus “deficiencias técnicas”, apuntó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Entre ellas, el periodo de retroactividad con el que se puede cobrar la prestación se amplió del 15 de septiembre al 31 de diciembre. También se amplió el plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta seis meses, garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta ahora.

Por otra parte, se eliminó el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y ampliar dicha inscripción obligatoria hasta los seis meses siguientes al reconocimiento de esta prestación. Están exentos de esta obligación los estudiantes de estudios reglados menores de 28 años, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como personas mayores de 65 años, discapacitadas en un grado igual o superior al 65%, en situación de dependencia reconocida o perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez; de invalidez no contributiva o jubilación no contributiva.

También quedó automatizado el cruce de datos de la administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para eliminar un trámite que dificulta la entrega de documentación de los ciudadanos y se facilita que los beneficiarios actuales de ingresos mínimos en las comunidades autónomas pasen a ser beneficiarios del nuevo IMV.

Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido a realizar una nueva evaluación de la prestación a principios del próximo año para conocer la cobertura real del Ingreso Mínimo a través de microdatos.