Un frágil mercado laboral

El número de afiliados a la Seguridad Social ha caído en 50.000 personas en noviembre. Una tercera ola causaría daños casi irreversibles

Dos mujeres pasan por la puerta de una oficina de empleo
Dos mujeres pasan por la puerta de una oficina de empleoÓscar Cañas Europa Press

La evolución del mercado laboral español depende esencialmente de la evolución de la economía española y, en estos momentos, la evolución de la economía española depende esencialmente de la evolución de la pandemia: si ésta se extiende, entonces la economía se detiene (por distanciamiento social voluntario o impuesto por el Estado) y, si la economía se detiene, entonces el mercado de trabajo retrocede.

En este sentido, los datos de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de noviembre no han sido positivos porque de ninguna manera podían ser positivos. En noviembre (sobre todo durante las primeras semanas del mes) la segunda ola se hallaba en su peor momento y, por tanto, la actividad productiva sufrió un duro descalabro (así lo han constatado, de hecho, indicadores adelantado como el Índice PMI), de modo que el mercado laboral también se resintió. Tres han sido las malas noticias a destacar.

Primero, el ritmo de altas diarias nuevas a la Seguridad Social se ha frenado. Desde que pusiéramos fin a la primera ola, mes tras mes las altas diarias iban en aumento, lo que reflejaba una cierta progresión aceleradora de nuestro mercado de trabajo pero, en noviembre, las altas diarias se han frenado sustancialmente por debajo de los meses anteriores. Segundo, también por primera vez desde el fin de la primera ola, el número de trabajadores en ERTE ha vuelto a incrementarse, hasta el punto de superar los niveles de septiembre y octubre: en España vuelve a haber más de 740.000 personas en un ERTE. Y tercero, a pesar de que el Ministerio de Seguridad Social nos ha querido vender la idea de que durante este mes de noviembre se crearon extraordinariamente más de 30.000 nuevos puestos de trabajo, la realidad es muy otra: una vez restamos de esta cifra a los trabajadores que, en términos netos, han aumentado la lista de los ERTE (82.000), nos encontraremos con que, en realidad, el número de afiliados a la Seguridad Social cayó durante noviembre en 50.000 personas y eso convierte a este mes de noviembre en uno de los peores de los últimos años.

Lo que estos datos ponen de manifiesto, en fin, es que la recuperación/rebote que hemos venido experimentando desde junio es mucho más frágil de lo que el Gobierno quiere reconocer, y cualquier rebrote generalizado de la pandemia socava seriamente nuestra economía. Pero, asimismo, si la pandemia se controla, nuestra economía vuelve a respirar: de ahí que, por ejemplo, durante la última semana de este pasado mes alrededor de 15.000 personas volvieran a salir de la ERTE. Es decir, que si se controla la pandemia (como ha sucedido desde finales de noviembre con la trayectoria a la baja en la incidencia acumulada del virus), la economía y el mercado laboral pueden volver a coger vuelo.

Por desgracia, y dada la incapacidad que ha demostrado este Gobierno para prevenir las diferentes olas de la pandemia, el riesgo de una tercera ola antes de que se generalice la vacuna sigue estando presente: y, en tal caso, nuestra economía y nuestro mercado laboral experimentarían nuevos daños que cada vez se van volviendo más irreversibles.

Cuatro días a la semana

Una de las propuestas más sonadas de la última semana ha sido la de implantar una jornada laboral de cuatro días. El primero en proponerlo fue Íñigo Errejón, pero Podemos también se ha sumado posteriormente a la idea. De acuerdo con estas dos formaciones de izquierdas, la reducción de la jornada conseguiría estimular la economía y relanzar la creación de empleo (en la medida en que un mismo puesto de trabajo se repartiría entre varios empleados). Sin embargo, rebajar la jornada laboral sin rebajar la remuneración de los empleados (que es lo que pretenden Podemos y Más País) solo contribuiría a elevar los costes salariales en la mayoría de ocupaciones, lo que a su vez incrementaría el paro en lugar de disminuirlo. No es el momento de plantear este tipo de medidas.

Presión fiscal

La presión fiscal en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha bajado por primera vez en una década. Lo ha hecho solo en el equivalente a un 0,1% del PIB, pero lo ha hecho. En cambio, en España la presión fiscal se ha mantenido constante. En otras palabras, nuestro país no solo no ha rebajado su carga impositiva como lo la media del resto de países ricos, sino que se continúa ubicando por encima de la OCDE. En concreto, cargamos con una presión fiscal del 34,6% del PIB frente al 33,9% de la OCDE. Y es que en los últimos 20 años, la presión fiscal en España se ha elevado en 1,5 puntos sobre el PIB, tres veces más que en la media de la OCDE. Nuestra atractivo fiscal frente al resto el mundo va reduciéndose.

Productividad estancada

La productividad de la economía española lleva 30 años estancada, lo que en última instancia lastra la mejora en nuestros estándares de vida. Si un país no incrementa su productividad, la única forma en la que puede aumentar su renta per cápita es con un mayor número de horas trabajadas: una estrategia que en el muy largo plazo no es deseable y tiene las patas muy cortas. ¿A qué se debe este estancamiento de la productividad? Los economistas Leandro de la Escosura y Joan Rosés han estudiado la evolución de la productividad dentro de la economía española durante los últimos 170 años y una de las conclusiones que han alcanzado es que la ralentización de nuestra eficiencia se debe a las barreras internas contra la competencia, las cuales dificultan una mejor asignación de los recursos así como el progreso técnico.