La UE salva el veto de Hungría y Polonia y los fondos llegarán en junio

Polonia y Hungría levantaron ayer su veto por el que tenían secuestrado el fondo por valor de 750.000 millones de euros para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus, del que a España le corresponden 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones a fondo perdido. La fumata blanca fue posible después de que los Veintisiete se hubieran comprometido en una interpretación jurídica a que el mecanismo para vincular el desembolso de los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho se utilizará de manera proporcionada y de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la UE, el máximo órgano en la interpretación del Derecho comunitario y con capacidad para sentar jurisprudencia.

Esta fórmula no toca el mecanismo del Estado de Derecho ya aprobado por las capitales, pero contiene algunos párrafos que suenan a música celestial para estos países y que les permiten cantar victoria en casa. Concretamente, el texto asegura que esta nueva normativa se aplicará con «pleno respeto» a los tratados europeos y a «las identidades nacionales inherentes a sus fundamentos políticos y sus estructuras constitucionales» y de acuerdo a los «principios de objetividad, no discriminación y tratamiento igualitario de los Estados miembros».

Budapest y Varsovia se encuentran expedientados por Bruselas debido a su deriva autoritaria en ámbitos como la independencia judicial y la pluralidad de medios y consideran que el nuevo mecanismo pergeñado por las instituciones europeas es una injerencia política que va en contra de los principios del club europeo. Creen que, sin esta interpretación jurídica, puede utilizarse para castigar a aquellos países que, por ejemplo, se nieguen a acoger a refugiados.

El resto de los países niega esta interpretación, pero la presidencia alemana ha elaborado un texto en el que los Veintisiete se comprometen a no bloquear la llegada de los fondos europeos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, si finalmente Varsovia y Budapest o cualquier otro país deciden recurrir ante el alto tribunal europeo. Concretamente, el Ejecutivo comunitario elaborará unas directrices sobre cómo aplicar este mecanismo e incorporará cualquier fallo del alto tribunal. Si cualquier Estado miembro decide acudir antes a la Corte de Luxemburgo para poner en cuestión la legalidad de este nuevo instrumento, la UE no propondrá ningún bloqueo de los fondos hasta que se produzca esta sentencia aclaratoria. Aunque las instituciones europeas no dudan de la legalidad de este mecanismo y están seguros de que la corte europea les dará la razón, Polonia y Hungría consiguen comprar tiempo y poder usar en el momento oportuno esta especie de «freno de emergencia». A su llegada a la cumbre el día de ayer, el primer ministro húngaro Viktor Orban, mostró su confianza en llegar a un acuerdo y aseguró que esto suponía «la victoria del sentido común».

Esta declaración política fue examinada, por primera vez, este miércoles por los embajadores europeos, pero fue necesario el visto bueno de los líderes en la cumbre que se celebra en Bruselas para desbloquear el fondo. Antes de la reunión, los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) exigieron algunas aclaraciones, que fueron finalmente satisfechas por el servicio jurídico del Consejo. Ahora este acuerdo deberá pasar el filtro de la Eurocámara en la votación que tendrá lugar en la sesión plenaria de la próxima semana. La institución siempre ha defendido contra y viento y marea la necesidad de poner en marcha un instrumento que resulte operativo y no se convierta en papel mojado. «Tendremos mucho cuidado con el mensaje político que manda el Consejo, pero es de máxima importancia que el acuerdo no se cuestione. Hemos hecho un enorme trabajo para los ciudadanos en cuanto al presupuesto, plan de recuperación y Estado de Derecho», aseguró el presidente de la institución, David Sassoli, antes de que los jefes de Estado y de Gobierno llegaran a un pacto.

En los últimos días se habían vivido momentos de tensión. Este lunes fuentes diplomáticas europeas amenazaron a los dos países rebeldes con poner en marcha una solución a Veinticinco que les excluyera de este mecanismo si no cesaban en la revuelta. Desde hace semanas se trabajaba en diferente fórmulas legales para evitar que las dos capitales secuestrasen este fondo, que comenzará a llegar en la segunda mitad del año que viene, tan importante para la recuperación de países como Italia y España. Al final, el espíritu conciliador de la presidencia alemana, que apostaba por un acuerdo a Veintisiete, ha acabado imponiéndose.