Los empresarios pedirán retrasar el alza del SMI a la llegada de la vacuna

El encuentro que mantuvieron este martes en el Ministerio de Trabajo el secretario de Estado de Empleo con los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que entrará en vigor en 2021 sirvió para constatar las tremendas diferencias que separan a unos y a otros. Pese a mantener las espadas en alto, el próximo lunes, en víspera de las fiestas navideñas, se volverán a reunir para sondear las escasas posibilidades existentes para desatascar las negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional y alcanzar un acuerdo entre los agentes sociales, que, en principio, no es vinculante, pero con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que duda cabe, se encontraría más cómoda a la hora de forzar la votación en el Consejo de Ministros este mes de diciembre.

Sea como fuere, el Ministerio de Trabajo no transigirá en su firme decisión de «cumplir y hacer cumplir» el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, en subir el SMI. De ahí que descarte una congelación de su cuantía, tal y como reclama la patronal. Pese a ello, prefiere elevar al Consejo de Ministros un acuerdo con los agentes sociales. La ministra es partidaria de un alza del salario mínimo que va desde el 2,2% al 3,1%, porcentajes que tienen en cuenta el aumento de precios y de productividad prevista para el próximo año. Mientras, lo sindicatos propone un incremento del 5,3%. No obstante, las centrales sindicales no cierran la puerta a rebajar sus expectativas y a firmar un pacto con el alza que plantea Trabajo. Sin embargo, los empresarios rechazan frontalmente subir en estos momentos de recesión este salario por los costes en términos de destrucción de puestos de trabajo que tendría su aplicación.

De ahí que barajen llevar a la mesa del diálogo el próximo lunes una propuesta consistente en retrasar la entrada en vigor de este crecimiento del salario mínimo y esperar a la llegada de la vacuna y, por tanto, a que se produzca la vacunación masiva de la población y la economía española remonte el vuelo. De llegar los empresarios a plantear esta demanda, las centrales sindicales no cierran la puerta a estudiarla. Mientras, una parte del equipo económico del Gobierno, liderado por Nadia Calviño, la aplaudiría. Este sector gubernamental considera que no es el momento oportuno para subir el salario mínimo. A su juicio, supondría la puntilla para el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, las más azotadas por la crisis.

De hecho, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado este martes a la “prudencia” ante la posible subida, que deberá tener “muy presentes las circunstancias” económicas actuales. Preguntada sobre esa posible subida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el mismo día que el Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con los agentes sociales para abordar esta cuestión, Montero ha hecho un “llamamiento a la prudencia” para adoptar decisiones económicas.

Ha señalado que es necesario tener en cuenta informes e indicadores “que permitan tomar la mejor decisión posible para seguir impulsando el crecimiento económico” y sin que esto suponga un aumento del paro, que es “la preocupación más importante del Gobierno”.

En cualquier caso, la portavoz ha señalado que esta medida se estudiará en el diálogo social porque “tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y empresarios” y “después de las reuniones tendremos elementos y mayores criterios” sobre el tema. Asimismo, ha recordado que el Gobierno está comprometido con la mejora de las condiciones laborales, como muestra que el salario mínimo haya subido un 29 % en dos años “fruto del diálogo social y con el compromiso de los diferentes agentes laborales”.

Por el momento, todo indica que esta facción del equipo económico va perdiendo la batalla frente a los podemitas y que la titular de Trabajo impondrá el aumento del salario mínimo a partir de enero de 2021. Por eso, en un intento de minimizar su impacto, defienden un alza controlada del 0,9%, porcentaje que corresponde a la previsión de subida de precios pese al contexto deflacionista. Se trataría de aumentar el SMI en la misma proporción que las nóminas de los pensionistas y de los funcionarios en 2021. De esta manera, los de Calviño calculan que el golpe de este incremento en la economía española estaría más amortiguado que si, al final, Díaz impone su alza de un 3,1%, que se traducirá en un SMI de 980 euros, frente a los 950 actuales.