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Empleo público

El Gobierno impone sin negociación los equipos de gestión de los fondos europeos al margen de los sindicatos

Los ministerios de Transición Ecológica, Transportes y Asuntos Económicos, que gestionarán el 95% de los fondos, tendrán preferencia para la provisión de los puestos

Funcionarios trabajando
Funcionarios trabajandolarazon

Nuevo desencuentro entre el Gobierno y los sindicatos. A las discrepancias surgidas por la falta de negociación para solventar los déficits de personal que acumula la Administración General del Estado se suma ahora el desencuentro sobre la creación de los equipos de gestión de los fondos europeos, que el Ejecutivo se comprometió a formar para evitar cuellos de botella y disfunciones a la hora repartirlos. Pero antes incluso de que se formen, estos equipos van a nacer con polémica y con el temor de que se conviertan en un «nuevo foco de enchufismo y favoritismo», denuncian desde el sindicato CSIF.

La polémica y la duda han surgido con el borrador del documento que el Ministerio de Función Pública ultima sobre la instrucción destinada a la «provisión de puestos de trabajo y la redistribución y reasignación de efectivos» entre el funcionariado público. Según su contenido, el Gobierno ha decidido imponer unilateralmente su criterio en la asignación de empleados públicos para la ejecución y distribución de los fondos europeos, en el marco del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Dicha instrucción contempla que cada ministerio y cada uno de los organismos dependientes elaborará de forma individual su propio instrumento de planificación estratégica de los fondos, que contendrá la «estimación de inversiones y gastos» que les corresponda, las «tareas y cargas de trabajo», la propuesta de formación y la reorganización de sus recursos de personal, creando «unidades administrativas de carácter provisional para hacer frente a las posibles asignaciones» de empleados a esos equipos de gestión. Nada se dice sobre la participación sindical en la elección de este personal.

Los sindicatos temen que estas decisiones se vuelvan a tomar sin transparencia y al margen de una negociación -«como está ocurriendo muchas veces hasta ahora», comentan fuentes sindicales-, ya que entienden que deben mantenerse unos criterios mínimos comunes entre todos los ministerios y organismos, tanto en lo que concierne a la redistribución de personal dependiente como a las retribuciones -ya sea por productividad o gratificaciones por objetivos-. Por ello, CSIF reclama negociar estos criterios. «La redistribución y reasignación de efectivos y la asignación de funciones debe garantizar que se cumplan los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando decisiones arbitrarias y garantizando una planificación homogénea en el conjunto de la Administración. Se deben evitar los favoritismos, que es lo que nos tememos».

Por ello, el sindicato mayoritario en la Administración pública ha pedido la creación de una Comisión de Seguimiento, con participación de todos los sindicatos, para evaluar trimestralmente el desarrollo del plan y solventar los problemas que surjan en su implementación.

Según el borrador, el personal de nuevo ingreso se «asignará de modo preferente a los ministerios que gestionen mayoritariamente el Plan». Según han confirmado fuentes gubernamentales, son tres los ministerios que se estima gestionarán el 95% de los fondos del Plan: Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Transportes y Movilidad Urbana; y Asuntos Económicos y Transformación Digital). Por lo que, según la instrucción de Función Pública, deberían absoluta preferencia para la provisión de los puestos que requieran, por lo que también serán sus funcionarios los preferentes para ocupar los puestos en los equipos de gestión, si bien la instrucción está dirigida a todos los ministerios.

El texto establece que los modos de provisión de puestos de trabajo serán la «redistribución de efectivos, la reasignación y atribución temporal de funciones y la asignación temporal de funciones a tiempo parcial”. Se contempla también asignar con «carácter preferente» a los funcionarios que «cesen en puestos de libre designación, los que regresen al servicio activo y los que reingresen desde situaciones que no conlleven reserva de puesto». También concreta que el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia debe realizarse «preferentemente» con los efectivos de cualquiera de los ministerios u organismos dependientes, aunque se contempla también la posibilidad de incorporar, «si fuera necesario y con carácter subsidiario, personal funcionario interino, personal estatutario temporal y laboral temporal» para poder llevar a cabo con todas sus garantías su ejecución. Esta selección del personal público debe realizarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley.

Desde CSIF, insisten en que debe «negociarse ya, para evitar que los equipos se conformen en base a favoritismos y que no haya situaciones de enchufismo». Asimismo, reclaman que se cuente con los sindicatos para que el desarrollo del plan se haga «desde la transparencia y la negociación, y que tengan unos criterios de selección de personal pactados, porque hasta ahora nada ha sido negociado con las organizaciones sindicales». También han mostrado su «desacuerdo y rechazo absoluto» a esta instrucción, ya que la misma va a «reglar materias que afectan a las condiciones laborales y retributivas de los EEPP de distintos Ministerios y que, en virtud del Art. 37 del TREBEP, están sujetas a negociación. En ningún caso se trata de una medida autoorganizativa de la Administración como nos trasladaron en la reunión, por lo que desde nuestros servicios jurídicos se valorará sobre la conveniencia de recurrir la misma ante los tribunales».