Crisis
¿Por qué España no ha dado tantas ayudas directas a las empresas?
El sobreendeudamiento español y el uso de avales explican el menor apoyo. Pero puede que esta limitación no sea una mala noticia
De acuerdo con un reciente informe del BCE, España es el Estado de la Eurozona que ha destinado una menor cantidad de gasto discrecional a apoyar el tejido productivo durante la pandemia: apenas el 1,3% del PIB. Contrasta esta cifra con la de, por ejemplo, Alemania, cuyo Gobierno ha decidido invertir más del 4% del PIB. Para muchos, estas cifras podrían de manifiesto el escaso compromiso de PSOE-Podemos al apoyar a las industrias que, debido a la suspensión de la actividad, están experimentando más dificultades. Pero este dato debe ser matizado.
Primero, España no tiene un gran margen financiero para otorgar ayudas directas a las empresas. Justamente, por nuestra situación de sobreendeudamiento público (resultante de años de desequilibrios presupuestarios y también del sobregasto al que ha habido de hacer frente en materia de sanidad o de desempleo en 2020), afrontamos una década de estrecheces presupuestarias. Ya lo advertimos: las deudas pasadas son las hipotecas de hoy y, por tanto, quienes hace años predicaban las virtudes del sobreendeudamiento son los responsables de las carestías de gasto actuales.
Segundo, a la hora de la verdad, sin embargo, no deberíamos obviar que el gasto comprometido por el Estado español terminará siendo sustancialmente mayor a ese 1,3% del PIB. Una de las principales herramientas empleadas por el Gobierno para sostener la economía ha sido la de los avales crediticios, que han totalizado el 15% del PIB. Es decir, en lugar de dar ayudas directas a las empresas, les ha otorgado préstamos. Desgraciadamente, muchos de esos préstamos puede que no terminen devolviéndose, de manera que el Estado tendrá que hacer desembolsos de amplios montos de gasto público. Bastaría con que un tercio de los mismos resultara impagado para que el Estado tuviese que desembolsar el equivalente al 5% del PIB.
Y, en tercer lugar, uno también debería plantearse hasta qué punto benefician realmente a la economía este tipo de ayudas. Como es obvio, en el muy corto plazo evitar que una empresa quiebre o se reestructure en profundidad sostiene la actividad y el empleo. Por tanto, en el muy corto plazo sí parecen beneficiosas. Ahora bien, a medio plazo, puede que estemos retrasando los reajustes que necesita la economía y, por tanto, subsidiando el estancamiento. Y es que uno de los grandes riesgos que entrañan estas ayudas a gran escala para los sectores productivos más afectados por la crisis es que no sabemos cuántos van a sobrevivir. En la medida en que los hábitos de producción y de consumo cambien (y sabemos que en gran medida van a cambiar: teletrabajo, compras por internet, menor turismo...), las transferencias de hoy pueden ser las pérdidas de mañana.
En definitiva, es verdad que España ha sido el país europeo que menos ayudas directas ha dado a las empresas, pero eso ha sido así en parte por nuestra sobreacumulación de deuda y en parte porque las ayudas se han camuflado vía avales. No está claro, empero, que esta limitación al impulso manirroto del Gobierno sea necesariamente una mala noticia. Después de la pandemia, nuestro tejido productivo tendrá que reinventarse y estas ayudas puede que sólo retrasen este imprescindible proceso a un coste muy elevado.
¿Quita de deuda?
Más de cien economistas europeos, incluyendo miembros del Partido Socialista y de Podemos, han reclamado que el Banco Central Europeo condone a las Estados de la Eurozona la deuda pública adquirida durante la pandemia. En el caso de España, se trataría de un jubileo cercano a los 300.000 millones de euros. La propuesta ya ha sido rechazada, y con razón, por el propio Banco Central Europeo. No sólo porque se trate de una idea ilegal, sino porque debilitaría el valor del euro y la capacidad del BCE para estabilizarlo. A la postre, un banco central defiende el valor de su moneda a través de sus activos, y lo que estos economistas están proponiendo es que el BCE renuncie a parte de sus activos a cambio de nada. Por tanto, están proponiendo dañar a todos los tenedores de euros para salvar a los gobiernos.
Armonización contra Madrid
La campaña electoral en una autonomía debería centrarse en los asuntos y en los problemas dentro de esa comunidad autónoma. Pero algunos políticos prefieren entrar en campaña a la contra de otras autonomías. Es lo que está haciendo en estos momentos Salvador Illa en Cataluña. Una de sus principales promesas electorales está siendo la de promover la armonización fiscal dentro de España para perjudicar a la Comunidad «Autónoma» de Madrid. Es decir, que Illa está prometiendo a los catalanes que les subirá los impuestos a los madrileños. Un auténtico despropósito anti-autonómico. Si a Illa le gusta el modelo de impuestos altos de Cataluña, debería apechugar con las consecuencias y no intentar perjudicar a otras autonomías que han prosperado justamente por crear un clima regulatorio y fiscal más amigable hacia la inversión.
Mayores cotizaciones
La última ocurrencia del ministro Escrivá para cubrir el enorme agujero de la Seguridad Social (y que él en tantas ocasiones minimizó) es que debemos elevar las bases máximas de cotización porque los trabajadores con salarios más elevados también poseen, en términos promedios, una mayor esperanza de vida que los trabajadores con menores sueldos (de modo que también percibirán las pensiones durante más años). El argumento puede parecer razonable pero es problemático: ¿por qué aplicarlo sólo a las rentas altas y no también a todos aquellos individuos o colectivos que también poseen una mayor esperanza de vida? Por ejemplo, las mujeres, en términos medios, viven más años que los hombres. ¿Deberíamos subirles las cotizaciones sociales? En el fondo estamos ante excusas para justificar el sablazo a los profesionales con buenas remuneraciones.
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