El Gobierno salva el plan de ayudas entre un alud de críticas de todos los partidos, incluidos sus socios

Salvado por responsabilidad, pero entre un mar de dudas y críticas feroces, incluidas las de los partidos que han votado junto al Gobierno. Esa es la conclusión principal tras acabar el Pleno del Congreso que ha convalidado el decreto ley que habilita la implementación del plan de ayudas directas a las empresas afectadas por la pandemia. Pero esta aprobación va condicionada a que pueda modificarse en cualquiera de sus artículos al ser tramitado como proyecto de ley. Esta tramitación, permitirá a los grupos proponer cambios a través de enmiendas.

Además del PSOE y su socio de Gobierno, Podemos, han apoyado el decreto ley otros partidos afines o con acuerdos puntuales, como Esquerra Republicana, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Sin embargo, otros socios habituales esta vez han decidido abstenerse, como PNV y EH-Bildu, a los que se han unido PP, Ciudadanos, PDeCAT, CUP, UPN y Foro Asturias. Los dos partidos restantes, Vox y JxC, han votado en contra.

Pero este apoyo al Gobierno no ha sido ni mucho menos completo ni servil, y todas las formaciones, incluidas las que han dado apoyo al decreto, han reprochado con dureza que estas ayudas llegan tarde, se han quedado ya cortas, dejan fuera a miles de empresas y a muchos sectores afectados por la crisis, y no han sido negociadas ni con los partidos de la oposición, ni con las comunidades autónomas, ni con las patronales.

Ante este alud de reproches, que ha incluido incluso a su propio socio de Gobierno, Podemos -aunque de forma muy sutil-, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha optado por reconocer las lagunas abiertas en el decreto y abrir la puerta a la ampliación de más sectores a los que se permite el acceso a estas ayudas. “El Gobierno es muy sensible a las necesidades de las empresas y cuentan con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir los requisitos establecidos”, ha defendido. Asimismo, la responsable económica del Gobierno ha comprometido que la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas, incluido el sistema de protección al empleo de los ERTE, “estarán disponibles en 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo”.

La vicepresidenta ha asegurado que se cerrarán cuanto antes los convenios con las comunidades autónomas para que puedan ponerlas en marcha, y ha recordado que estas ayudas están destinadas a que las empresas las utilicen para pagar las deudas y costes que han ido acumulando desde marzo y puedan afrontar así el pago del suministro eléctrico, las facturas de los proveedores o las deudas con Hacienda, con trabajadores o con bancos, entre otras posibilidades.

El PP ha justificado su abstención “por responsabilidad”, pero ha instado al Gobierno a simplificar el proceso de concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez “un procedimiento de gestión largo, costoso” y que “recae sobre las comunidades autónomas, a las que “obligan a comprobar factura a factura”, sin además haberlo debatido ni consultado con ellas. Además, ha señalado que “el problema del reparto territorial” se resolvería con créditos ampliables.

Vox se ha unido a JxC, en su negativa a dar su apoyo a este proyecto de ley. Su diputada Patricia Rueda ha criticado a las formaciones que han apoyado o se han abstenido ante un decreto por “apoyar una vez más a Producciones Moncloa, permitiendo un plan que hiere de muerte a empresas y a autónomos”.

Entre quienes han apoyado el decreto no han faltado las críticas, algunas de ellas han sonado a advertencia. Ana Oramas (CC), ha asegurado que el decreto “llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino”, mientras que Inés Sabanés (Equo) ha calificado de “incomprensible” la “resistencia a la aplicación de ayudas directas”, cuando otros países menos dependientes a actividades afectadas por las restricción se adelantaron a estas medidas. Por su parte, Joan Cadpevila (ERC) ha avisado que votan sí, “pero sólo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos”, y que en el Ejecutivo se “merecían un ‘no’” a su decreto “por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado”.