Rescate de Plus Ultra: denuncia por malversación y tráfico de influencias contra el presidente de la SEPI

Segunda denuncia en los juzgados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en el punto de mira. Tras la querella interpuesta por Vox en el Tribunal Supremo, ahora es el sindicato Manos Limpias el que ha denunciado en los juzgados de Plaza de Castilla por delitos de malversación y tráfico de influencias al presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por la ayuda de 53 millones de euros prestada a la compañía.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el colectivo denunciante señala asimismo al resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como “cooperadores necesarios”, al tener a su cargo “la administración, dirección y gestión” de este organismo y administrar el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se ha beneficiado Plus Ultra.

La Unión Europea estipula que para acceder a esas ayudas las empresas deben ser de carácter estratégico y atravesar dificultades financieras que amenacen su supervivencia. Manos Limpias cuestiona precisamente que se considere como tal a una aerolínea “cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España”, ha registrado “números rojos desde que se fundó en 2011” y arrastra unas pérdidas de diez millones de euros y “solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”, que además “solo ha hecho un vuelo a Venezuela”.

El rescate de la compañía aérea ha suscitado duras críticas de la oposición, llegando el debate incluso al Congreso de los Diputados. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado ya su intención de denunciar ese rescate ante la Unión Europea.

Un 0,08% de los pasajeros internacionales

La asociación recurrente llama además la atención sobre el hecho de que transporta únicamente al 0,08% de los pasajeros internacionales “y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas”. Y recuerda que el 47% del accionariado de la compañía “está en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá (paraíso fiscal)”, como adelantó LA RAZÓN

Manos Limpias ve indicios de la comisión de un posible delito de malversación que, subraya, “no exige el lucro personal del sustractor, con la intención de beneficiar a un tercero”, sino el mero conocimiento de que “los caudales públicos que se sustraen pertenecen a la Administración”.

En cuanto al hipotético delito de tráfico de influencias, hace hincapié en que “consiste en una presión moral eficiente sobre la decisión de otra persona derivada de la posición o estatus del influyente” para conseguir “una resolución beneficiosa”.

El colectivo de funcionarios pide al juzgado que reclame a la SEPI el plan de viabilidad de la compañía aérea y a la aerolínea los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultoras DC Advisory y Deloitte.