Bruselas estudia fijar un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo

La Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para las compras en efectivo en toda la Unión Europea para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, según explicó hoy la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness. La medida podría incluirse en el paquete de nuevas iniciativas para luchar contra el blanqueo de capitales en la UE que la Comisión presentará en julio y contemplará, además, la creación de una nueva agencia comunitaria para la lucha contra el blanqueo y la armonización o actualización de normas en la materia. La comisaria subrayó que la mayor parte de las ganancias por actividades criminales se generan en efectivo, que luego se invierte en propiedades o bienes de alto valor para disimular su origen ilegal, por lo que las normas europeas contra el blanqueo ya cubren a los operadores que hacen o reciben pagos de más de 10.000 euros. Sin embargo, consideró que estas reglas “no han funcionado bien”, por lo que Bruselas está estudiando “fijar en toda la UE un límite máximo de 10.000 euros para las compras en efectivo”, algo que ya han hecho algunos Estados miembros con topes incluso más bajos.

Un límite de 10.000 euros, argumentó McGuinness, es “suficientemente alto como para no poner en cuestión el euro como moneda de curso legal ni afectar a la inclusión financiera” y, al mismo tiempo, “suficientemente bajo como para hacer más difícil que los criminales blanqueen largas sumas de efectivo”. “Respetamos el papel vital del efectivo”, insistió la comisaria durante una conferencia sobre blanqueo de capitales, en la que avanzó algunos detalles del plan que está elaborando Bruselas. La Comisión convertirá en legislación aplicable directamente en los Estados las normas sobre blanqueo para el sector privado, con el fin de acabar con las discrepancias que existen ahora mismo en la aplicación de las mismas debido a que cada país las incorpora de forma diferente en su legislación nacional.

Además, Bruselas revisará los sectores a los que se aplican las normas contra el blanqueo y ampliará su cobertura a todos los tipos de proveedores de servicios de activos virtuales, alineando así la legislación comunitaria con los últimos estándares internacionales.

Asimismo, pasará a aplicárseles también la regulación europea sobre transferencias de fondos, que impone requisitos de transparencia, de modo que cada traspaso de activos virtuales incluirá todos los detalles del pagador y del beneficiario, dijo McGuinness. Por otra parte, la Comisión presentará finalmente su propuesta para crear una Autoridad europea contra el blanqueo de capitales, que supervisará directamente a algunas entidades financieras que operan de forma transfronteriza y son de mayor riesgo, y se encargará de coordinar y vigilar a los supervisores nacionales.

Bruselas quiere que la Autoridad empiece a funcionar en 2024 y que para 2026 inicie las labores de supervisión directa, y prevé que se financie “en una parte importante” con contribuciones de las entidades vigiladas. “Aseguraremos que las tasas sean razonables”, dijo McGuinness. El objetivo de esta iniciativa, que ganó tracción a raíz de varios escándalos recientes de blanqueo en bancos europeos, es paliar las deficiencias del sistema actual, que deja la vigilancia en manos de los supervisores nacionales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido ir un paso más allá y en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda, y actualmente en trámite parlamentario, ha introducido una propuesta todavía más ambiciosa, que pretende reducir a tan solo 1.000 euros el techo legal máximo para las operaciones en metálico en las que tomen parte profesionales o empresarios. La norma, no obstante, introducía una excepción a este límite para los particulares bajo el argumento de “minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas” y optaba por mantener el límite de 2.500 euros “para los pagos realizados por las personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales”.