El Gobierno quiere acelerar el apagón al gas natural

«Cualquier nueva infraestructura de gas natural compromete claramente la consecución de los objetivos de la Unión Europea y es contraria a la exclusión de los combustibles fósiles del nuevo reglamento, que era el principal objetivo de la Comisión Europea cuando presentó la propuesta inicial». Con estas palabras, Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, justificaba el pasado viernes ante el Consejo de Ministros de Energía de la UE el voto en contra de España a los nuevos criterios que guiarán al bloque durante los próximos años para decidir qué proyectos energéticos podrán recibir fondos comunitarios. A su llegada al Consejo en Luxemburgo, Ribera advertía de que España no estaba sola: «Hay un bloque muy importante de países que insistimos, en línea con el G-7, con la Agencia de la Energía y con nuestro Pacto Verde en que es importante que haya coherencia y no financiar infraestructuras asociadas a combustibles fósiles».

Aunque el acuerdo que finalmente salió adelante recoge la decisión de acabar con las subvenciones a proyectos de gas natural y petróleo, España voto en contra junto a Alemania, Austria y Luxemburgo ya que la mayoría de los socios europeos apostó porque este apagón se haga de una forma «más gradual» con respecto a lo que había propuesto previamente la Comisión Europea. «Pese a los votos en contra, queda adoptado», anunciaba el ministro de Medio Ambiente de Portugal, país que ostenta la Presidencia de turno de la UE, hasta julio, Joao Pedro Matos Fernandes.

Así pues, pese al voto en contra hispano-germano, hasta el 31 de diciembre de 2029 «podrán utilizarse infraestructura de gas existentes que hayan sido retroadaptadas para el transporte o almacenamiento de una mezcla predefinida de hidrógeno con gas natural o biometanol».

Los ciclos combinados de gas es una de las tecnologías comodín del sistema eléctrico junto a la nuclear y, en menor medida, la hidráulica, estas dos últimas no contaminantes. Se trata de la tercera fuerza de generación y resulta crucial, en ausencia del carbón, en picos de demanda, cuando la generación eólica no puede aguantar la presión.

Sin embargo, como en el caso de la nuclear, su viabilidad está en entredicho. Primero por la dependencia española y los elevados precios del gas natural, cuya utilización para generar electricidad implica, además, el pago de derechos de emisión de CO2, lo que encarece el precio de cada megavatio que produce y, finalmente, el precio final de la energía, que se cierra en conjunto respecto a la tecnología más cara. Este es uno de los motivos por el que Ribera, firme defensora de las renovables a cualquier coste, quiere acelerar el apagón del gas natural.

Segundo, porque el sector gasista considera un abuso el Fondo Verde (FNSSE), con el que el Gobierno prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (casi 7.000 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos para abaratar el recibo un 13%, algo que está por ver. El sector acusa el golpe cuando afronta su renovación con cuantiosas inversiones hacia los gases renovables y el hidrógeno. Ribera considera que el gas, aún por explotar en España, es una energía de transición con fecha de caducidad.