España recibirá 80.000 millones de la UE pero sólo ha sido capaz de ejecutar 24.040 de fondos estructurales en siete años

Existe el temor entre los expertos en la materia de que España no sea capaz de gestionar en los plazos fijados el “maná” de 80.000 millones de euros que recibirá en forma de ayudas a fondo perdido de la UE para reconstruir su dañada economía por la pandemia del coronavirus. Y son temores que, a la luz de los hechos, se fundamentan en la experiencia previa. Según la última actualización de los datos publicada ayer por la Comisión Europea, España ha ejecutado apenas un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, el porcentaje más bajo de todo el bloque a pesar de haber crecido en diez puntos en el último año. Esto, en dinero contante y sonante, se traduce en que, a 31 de diciembre de 2020, España había ejecutado sólo 24.040 millones de euros de los 56.552 millones que tenía asignados a cargo de los cinco programas que componen los fondos europeos estructurales y de inversión para el periodo 2014-2020.

España es, con este porcentaje, el país más retrasado en la ejecución de fondos estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%), Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51%), Bulgaria (53%) y Polonia (55%), todos ellos por debajo de la media comunitaria, que se sitúa en el 52%. En el otro lado de la balanza, los países más avanzados son Finlandia, con un nivel de ejecución del 82%, Irlanda (76%), Austria (75%), Luxemburgo (74%) y Suecia (70%). Francia y Alemania también cuentan con un nivel de fondos ya gastados por encima de la media de la UE, con un 66% y un 62%, respectivamente.

Las dudas sobre la capacidad española para absorber los fondos provenientes del «Next Generation EU» proceden de lo ajustado de los plazos que Bruselas ha marcado a los países para su recepción y aplicación. Los 140.000 millones de euros que recibirá España entre transferencias a fondo perdido y préstamos -el Gobierno, no obstante, se resiste de momento a solicitar estos créditos- deberán estar asignados para 2024 y el desembolso tan sólo podrá ejecutarse hasta 2026. Con el objetivo de que el dinero pueda llegar a tiempo para hacer frente a la crisis, el 70% de los fondos están presupuestados para 2021 y 2022 y tan sólo el 30% llegará a partir del año 2023.

Hace unos meses, el propio el comisario europeo de Economía, Paolo Gentinoli, aseguraba que «hay que reconocer que la capacidad de absorción en Estados como España o Italia no está en su mejor momento». Varios factores explican esta lentitud española: desde la falta de fondos disponibles en aquellas partidas cofinanciadas por las comunidades autónomas y otras entidades, a la lentitud a la hora de elegir proyectos o pasar los controles necesarios. Tal vez porque el propio Ejecutivo considere que este último es uno de los escollos para poder recibir todo el dinero de Bruselas, desde Moncloa se ha apostado por establecer unos controles más laxos sobre las ayudas. El Consejo de Estado, de hecho, el organismo expresó ayer su “preocupación” ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.