La precariedad laboral lastra la bajada récord del paro

El Gobierno celebró ayer con entusiasmo los últimos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social, en cifras récord, atribuyendo el éxito a las medidas tomadas y a que la recuperación anunciada ya está aquí. El desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en 197.841 personas en julio con respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 5,47% en términos relativos y la mayor caída en cualquier mes desde que hay registros y suman ya tres meses consecutivos de descensos récord. Con esta caída, la cifra total de parados se sitúa en 3.416.498, la menor cifra desde marzo de 2020, cuando se empezaron a notar los efectos de la crisis. Además, el número de afiliados medios a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico al situarse en 19.591.728 en julio.

Pero muchas sombras se ciernen sobre estos buenos datos. La primera de ellas, el número de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), al que todavía siguen adscritos 331.486 trabajadores –el 70% a tiempo completo–. Es la cifra más baja desde el inicio de la pandemia, inferior a la de junio en 56.719 personas en términos de alta y en 116.334 en términos de fecha de notificación. Sin embargo, estos trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE no se contabilizan como desempleados porque siguen cotizando, pero a la postre sí lo son porque cobran una prestación y no están activos. A ellos habría que sumar los 218.000 autónomos que está recibiendo la prestación por cese de actividad –el 42% en los sectores de comercio y hostelería– y que se encuentran en la misma situación.

Si sumáramos ambos colectivos, la cifra de desempleados sumaría casi 550.000 a la general de parados, rozando ya los cuatro millones. Pero no se detendría ahí la cuenta, ya que habría que contabilizar asimismo a los miles de trabajadores que cobran prestaciones de empleo, pero no se contabilizan en las listas oficiales por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de trabajo con disponibilidad limitada o con demanda específica. Según datos oficiales, estarían en torno a 500.000. Hechas las cuentas, la cifra definitiva y real de desempleados superarían los 4,5 millones de trabajadores inactivos y dependientes.

Desde la irrupción de la pandemia, más de ocho millones de personas han percibido prestaciones por desempleo en algún momento, situándose el máximo mensual en mayo del año pasado, en plena hibernación económica, con casi seis millones de beneficiarios de alguna prestación del SEPE. Por tanto, no hay que perder de vista a este colectivo de empleados y autónomos que están bajo la protección del Estado y que son los que marcarán la verdadera incidencia del desempleo durante la pandemia una vez que el Gobierno ponga fin a las ayudas.

Ahora mismo, los sectores con un volumen más elevado de sus trabajadores en ERTE siguen siendo los vinculados al turismo pese al tirón veraniego, encabezados por las agencias de viajes y los operadores turísticos (39,77% del total) o el transporte aéreo (22,40%), al igual que ocurre con la distribución geográfica, con Las Palmas como provincia más afectada, con un 8,58% de sus afiliados en ERTE.

La segunda de las sombras tiene que ver con la temporalidad. Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho de la lucha contra la precariedad laboral una de sus banderas, los datos muestran el crecimiento imparable de los contratos a corto plazo. De un total de 1.838.250 contratos expedidos en julio, solo 165.500 fueron de carácter indefinido, es decir, que más del 90% fueron temporales y la mayoría no supera los 30 días.

Así lo reconoció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que confirmó que el grueso de la reducción del desempleo se ha basado en contratos temporales, por lo que subrayó su intención de «avanzar hacia la reducción de la temporalidad, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno». Estas palabras no han bastado para calmar a los agentes sociales. Los sindicatos CC OO y UGT advirtieron ayer de que los buenos datos de empleo de julio «están basados únicamente en la temporalidad y la precariedad», por lo que exigen «medidas correctoras» que faciliten la integración a largo plazo en el mercado la boral. Mientras, la patronal CEOE vio con buenos ojos estos buenos datos, pero reclamó «prudencia», ya que la evolución está marcada por la pandemia y puede verse «alterada» si se sigue adelante con medidas como «la subida del SMI o la derogación de la reforma laboral». Por su parte, ATA ha pedido «mantener las medidas de apoyo y generar certidumbre seguridad jurídica para contratar».