El Gobierno computa las pensiones, ERTE y la deuda como inversión en Madrid

El Gabinete de Sánchez protagonizó ayer otro capítulo más en la lucha sin cuartel que inició al comienzo de la legislatura contra el Gobierno de Ayuso, con el respaldo de ERC, uno de sus socios gubernamentales preferentes. Después de los reiterados ataques de los independentistas contra la Comunidad de Madrid por concentrar, según sus cálculos, la inmensa mayoría de las inversiones del Estado debido a su capitalidad, la delegada de Gobierno en la región respaldó ayer esta hipótesis en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que realizó balance de su gestión al frente de la Delegación. Bajo el eslogan «cumpliendo», presentó un powerpoint con las inversiones aprobadas por el Gabinete de Sánchez en el primer semestre de este año en Madrid. Según las estimaciones de Mercedes González, «el Gobierno de España cumple con Madrid» con una inversión por importe de 7.775 millones de euros de enero a junio de este año.

Sin inmutarse, la delegada del Ejecutivo central contabilizó como inversiones estatales diferentes partidas que no lo son, entre ellas la revalorización en función de la inflación en el presente ejercicio de las nóminas de los más de un millón de pensionistas que residen en la comunidad autónoma.

Prestaciones nacionales

El pago de las pensiones no se puede computar como una inversión. Al contrario, es un derecho adquirido por los trabajadores y su abono lo realiza la Seguridad Social utilizando lo que se denomina la caja única, ya que esta materia no está transferida a las comunidades. Por tanto, se paga con independencia de donde viva el pensionista, sea Madrid o no. En sus peculiares cuentas, la delegada contabilizó también casi 464 millones de euros abonados a 132.380 madrileños protegidos por la prestación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) este año. Además, en los casi 7.800 millones añadió 818 millones de prestaciones extraordinarias dirigidas a unos 51.000 autónomos con actividad reducida. Tanto las prestaciones por ERTE como las de los autónomos se abonan a cualquier trabajador por cuenta ajena o propia que reúna los requisitos para el acceso a las mismas resida donde resida. En su día, fueron aprobadas por el Consejo de Ministros para combatir los efectos sobre la economía del confinamiento decretado de la población española en marzo de 2020 para frenar el avance, que aún hoy en día se antoja imparable, del coronavirus. Por tanto, se trata de fondos que perciben todos los ciudadanos, trabajadores y autónomos de España.

En su informe, sumó también los casi 80.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que viven en la región. Esta prestación, al igual que la de autónomos y ERTE, la puso en marcha el Ejecutivo de Sánchez para combatir los efectos de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables y se percibe con independencia de donde se habite.

Mercedes González consideró también inversión estatal casi 11 millones dirigidos a la lucha contra la violencia de género del Estado en Madrid. En su particular contabilidad, figura, además, los más de 4.600 agricultores de la autonomía beneficiarios por la Política Agraria Común (PAC). La Política Agraria gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de las arcas de la Unión Europea.

Llama la atención la inclusión por la delegada en su lista de inversiones del Estado de las autorizaciones del Ministerio de Hacienda al Gabinete de Ayuso para endeudarse por importe superior a 3.110 millones de euros. Evidentemente, esta cuantía de deuda no se puede considerar una inversión, entre otras razones, porque se contabiliza en el pasivo y no en el activo de las cuentas, amén de que el Gobierno madrileño deberá devolverla, como cualquier Ejecutivo regional.

Además, computa como inversión estatal en su informe 784 millones de euros concedidos a 2.366 empresas madrileñas desde el mes de enero a través de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Al igual que la deuda autorizada al Gabinete de Ayuso, los préstamos del ICO son cantidades que estas compañías tendrán que devolver.

Tras sumar todas estas partidas, las estimaciones realizadas por la delegada sobre las inversiones del Estado en esta autonomía multiplican casi por más de seis la cuantía que figura como tal en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Las cuentas públicas recogen para el conjunto del presente ejercicio una inversión del Estado en esta comunidad por importe de 1.250 millones, apenas un 10% del montante total de las que realizará y muy lejos de la cuantía destinada a Cataluña, que percibirá 2.199 millones, el 18% de este capítulo presupuestario.