Pymes y autónomos, en peligro por el SMI y un plan de ayudas a medias

El Gobierno prorroga su plazo de cobertura y lo amplía a pérdidas contables, pero la ley de subvenciones sigue dejando fuera a decenas de miles

Un hostelero con un csrtel en el que se lee: `No somos culpables, déjenos trabajar´
Un hostelero con un csrtel en el que se lee: `No somos culpables, déjenos trabajar´JAVIER PULPO Europa Press

Pymes y autónomos esperaban esperanzados el nuevo real decreto que iba a ampliar y a cambiar las condiciones del plan de ayudas a pymes y autónomos, que en una primera fase apenas ha cubierto la mitad del presupuesto del que disponían las autonomías. Las tres principales causas: la complejidad de los requisitos, el exceso de burocracia y el que no es una ayuda directa real, sino una subvención y, por tanto, está supeditada a la presentación de gastos y facturas.

Se esperaba que al menos este último punto fuera subsanado en el nuevo documento, lo que abriría la puerta a decenas de miles de autónomos que hasta ahora habían quedado de lado pese a perder más del 80% de sus ingresos. También que se pudieran dedicar estas ayudas al pago de deudas con las administraciones públicas y con Hacienda. Pero no ha sido así.

Lo que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros -a pesar de ser una buena noticia- se ha limitado a la ampliación del plazo de cobertura de las ayudas directas hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 31 de mayo y a que estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 y pérdidas contables generadas durante el periodo de cobertura. Esto significa un empujón para las empresas, pero no así para los autónomos. Ambos podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, vinculados a que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, pero para algunos autónomos la situación no ha cambiado y van quedarse fuera de nuevo al mantenerse el plan bajo la ley de subvenciones.

Tras las quejas de organizaciones empresariales y de autónomos sobre las restrictivas condiciones del anterior decreto, el Gobierno culpó de la poca incidencia del plan –apenas 3.500 millones de los 7.000 disponibles– a las comunidades autónomas. Sin embargo, autónomos y pymes apuntaron hacia el Gobierno y el «diseño fallido» del plan. Los autónomos vuelven ahora a denunciar que «se ha vuelto a incurrir en buena parte de los errores del anterior, y miles de autónomos y pymes se quedarán otra vez en el camino», manifestó a LA RAZÓN Lorenzo Amor, presidente de ATA, que considera «claramente insuficiente» el nuevo decreto porque «se deja fuera a decenas de miles de autónomos sin poder acceder, ya que no van a poder presentar gastos para cobrar las ayudas, aunque hayan perdido un 80% o 90% de ingresos al no poder cumplir con la ley de subvenciones, que exige facturas y gastos para acceder al dinero. Eso no se ha corregido y era fundamental».

Más conciliador se mostró Eduardo Abad, presidente de UPTA, que a pesar de las lagunas que todavía existen en el plan recibió como una gran noticia que el decreto establezca que «las empresas con pérdidas, incluso antes de 2020, puedan beneficiarse de la ayuda. Eso sí, creo que es manifiestamente mejorable, porque siguen sin poderse dedicarse estas ayudas a pagar las deudas contraídas durante la pandemia no solo con proveedores, sino también con las administraciones y con Hacienda. Eso es fundamental si se quiere que este plan sea una ayuda directa de verdad».

Por otro lado, la intención del Ejecutivo de seguir adelante con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin el acuerdo con la patronal ha sumado a los problemas de plan de ayudas otro más, tras la intención de elevarlo hasta 1.000 euros al mes por catorce pagas en el año 2022, con un aumento intermedio de 19 euros este año, hasta los 969 euros mensuales. Según denunció ayer Cepyme, su impacto negativo sobre el empleo provocaría entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo –entre despidos y pérdida de nuevos contratos– desde su entrada en vigor y hasta 2023. Más de la mitad de los empleos que desaparecerían con esta medida se concentraría en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados por la actual crisis del coronavirus.