Transportes trabaja ya en una propuesta concreta de peajes para las autopistas

El Gobierno ha pasado de la teoría a la práctica con los peajes. Lo que según el anterior ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, no era más que una mera idea, la posibilidad de implantar peajes en todas las vías de gran capacidad, lanzada para su debate público; ahora ya está en fase de construcción. Su sustituta en el cargo, Raquel Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso que su departamento trabaja ya en “una propuesta de tarificación de la red de vías de alta capacidad” basada en los principios de equidad territorial y seguridad vial. Su intención, según ha asegurado Sánchez, es compartir el plan cuando lo tengan acabado para consensuarlo con el resto de partidos y administraciones. Aunque la ministra no ha ido más allá en sus explicaciones sobre cómo es el modelo en el que están trabajando, ha asegurado que “no vamos a inventar nada” y ha insistido en que, ante todo, lo que no quieren es que genere agravios territoriales. “Queremos que sea justo y progresivo”, ha remachado.

Sánchez ha explicado que hay que ser “conscientes” del importante déficit de conservación que arrastran las carreteras españolas, que ha cifrado en unos 300 millones de euros anuales desde 2012. Un agujero que, como ha recordado, se va a incrementar tras la decisión del Gobierno de no renovar las concesiones de los peajes que han ido venciendo desde que el PSOE llegó a La Moncloa, y que suman ya 1.029 kilómetros, como ha recordado la ministra. Sánchez ha asegurado que el sistema actual de peajes “genera desequilibrios” territoriales, motivo por el que han tomado medidas correctoras como la no renovación de las concesiones que han vencido, el incremento desde el pasado 29 de julio las bonificaciones para el peaje de la AP-9 en Galicia y el aumento también en un 72% por parte del Mitma de los fondos para compensar estas tasas, según ha asegurado.

Faltan recursos

Pero toda esta batería de actuaciones, ha advertido Sánchez, no son sostenibles a medio plazo. Es por ello, por la creciente necesidad de recursos que necesitan las vías de alta capacidad españolas y porque, según ha dicho, Bruselas nos exige cumplir con la máxima de que “el que contamina, paga” que el ministerio trabaja en la propuesta para tarificar las vías de gran capacidad.

La posibilidad de implantar peajes en todas las vías de alta capacidad ha pasado por varias etapas en los últimos meses. En el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de mayo se incluye la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al “usuario pagador” y también del principio de “quien contamina paga”, explica el Ejecutivo. Tras el revuelo que suscito la publicitación de estos planes, Ábalos aseguró que lo único que querían con la inclusión de los mismos era “abordar el debate, no más. No hay nada más que intentar abrir un debate”. Pero con el cambio de titular en la cartera del Mitma, en el Gobierno se ha pasado de la etapa de discusión a la de planificación de unos peajes que suscitan un fuerte rechazo social.