Yolanda Díaz gana la partida del salario mínimo a Calviño

Día de locos ayer entre los sindicatos y los ministerios de Trabajo y de Asuntos Económicos. La aprobación de la subida el salario mínimo interprofesional (SMI) tuvo un primer acuerdo con rehuse, que finalmente se concretó al final del día, cuando Trabajo y los responsables de las organizaciones sindicales CC OO y UGT rubricaron una subida por un importe de 15 euros mensuales (en torno al 1,6%), que se aplicará desde el 1 de septiembre. Con este nuevo incremento, el segundo desde el inicio de la legislatura, suben un nuevo peldaño para lograr su objetivo de una progresiva revisión en 2022 y 2023 hasta alcanzar el 60% del salario medio antes de las elecciones generales –hasta un máximo de 1.049 euros mensuales–. Eso sí, el acuerdo se ha realizado al margen de la patronal, que se levantó de la mesa de negociación al rechazar cualquier incremento este año.

Pero la rúbrica de este pacto fue todo menos tranquilo, más bien una montaña rusa. Todo parecía hecho a primera hora de la mañana –a falta de unos flecos de última hora exigidos de los sindicatos, pero asumibles– para que Yolanda Díaz lograra aprobar uno de sus grandes empeños, subir el salario mínimo este mismo mes, aunque fuera de manera más bien simbólica, con esos 15 euros hasta final de año, y hacerlo sin contar con los empresarios, algo que desde Moncloa y desde Asuntos Económicos veían como un auténtico problema de cara a futuras negociaciones. Además, la cerrazón de Díaz para que esta subida fuera efectiva con carácter retroactivo desde este mes de septiembre había levantado un muro con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Este muro fue ayer más alto cuando ésta decidió parar el anuncio y pedir más tiempo para recuperar los puentes con la CEOE y descartar que la aplicación del incremento salarial se aplicara desde este mismo mes.

En el guión de la película de esta subida con marcha atrás, Gobierno y sindicatos estaban a un paso de cerrar un acuerdo. Las dos partes habían alcanzado un pacto de mínimos a falta de concretar unas divergencias. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, exigió «concreción de la propuesta de forma nítida», y que se demostrara la voluntad de las partes para lograr que el SMI se sitúe en 1.000 euros en enero de 2022 y siga en aumento en 2023.

Pero concretar esos flecos también incomodaba al Ministerio de Calviño, que no quería rubricar tan a largo plazo unos compromisos que no cuentan con el visto bueno de los empresarios, un tercer motivo para evitar el cierre en falso de un acuerdo solo con dos partes del diálogo social. Pero, Díaz logró seguir adelante para lograr lo que a la postre ha sido el primer acuerdo en esta legislatura –aunque entendían desde Economía que se establecía «un mal precedente»– sin una salida consensuada.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo durante todo el día en sus diferentes intervenciones públicas que el pacto por el SMI no estaba cerrado ni firmado y que mantenía su empeño en lanzar un nuevo «proceso formal de consultas a todos los agentes sociales, para que cuanto antes pueda adoptar la decisión el Gobierno. Lo que no sé todavía es la fecha», dejó claro en un acto en Galicia junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, poco tiempo antes de que Trabajo soltara la bomba del acuerdo final. De este modo dejaba claro que la subida no contaba con su visto bueno, al no haber sido informada de ningún preacuerdo con las entidades sindicales. Tirando de ironía manifestó que, «que yo sepa, en este momento las conversaciones con todos los agentes sociales siguen manteniéndose».

Calviño no tenía problema con el cómputo del incremento salarial, de 15 euros, que se situaría en el punto medio de la franja propuesta por los expertos al Ministerio de Trabajo, que aconsejaba un incremento para este año de entre 12 y 19 euros mensuales, frente a los 25 que habían reclamado los sindicatos inicialmente, y que constituía la propuesta inicial que hizo el Gobierno al arrancar las negociaciones. Su problema residía en la fecha de aplicación de la subida –que defendía para el último trimestre– y en el peligroso portazo a la CEOE.

La patronal no ha querido ni oír hablar de un subida este año, y se ha plantado en un «no» rotundo que les ha dejado fuera de las conversaciones. El aumento se producirá así al margen de ellos, que defienden la congelación en 2021 del SMI porque la situación económica sigue siendo muy mala y las empresas no se han recuperado lo suficiente como para asimilar este aumento. «Ahora no toca. No se dan las circunstancias para ello», defienden. A pesar de ello, Yolanda Díaz y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –a los que se sumó posteriormente la propia Calviño, pero con matices–, se comprometieron públicamente en el arranque del curso político a que habría subida del salario mínimo este mismo ejercicio «sí o sí».

Conscientes de la determinación de Moncloa, los sindicatos habían pedido la subida al margen de los empresarios, movimiento, no obstante, que el Gobierno no veía claro en un primer momento por el problema que podría suponer orillar a la patronal en un momento en que quedan por abordar negociaciones tan importantes y sensibles como la ampliación de los ERTE o la segunda parte de las pensiones.

Finalmente, la ministra de Trabajo ha logrado todos sus objetivos, pese a que ha podido dejar por el camino buena parte de sus próximos acuerdos, al poner en su contra a los empresarios y haberse enfrentado directamente a la ministra Calviño, que ha tenido que ceder finalmente ante las presiones que desde Moncloa se llevaron a cabo durante todo el día de ayer para que accediera a dar luz verde al acuerdo, que esta misma semana reiteraba su disposición a apoyar, pero desde la «mesura» y en el «último trimestre», no para septiembre como finalmente ha logrado Díaz.

Los empresarios advierten de que esta medida va a ser un lastre para la recuperación económica y para el empleo. En este sentido, Cepyme publicó esta misma semana un estudio, en colaboración con Randstad, en el que advertía de que situar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2022 podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023. Este impacto sobre el empleo incluiría tanto los puestos de trabajo que se destruirían por esta subida del SMI como los no creados como consecuencia de la misma. Más de la mitad de los empleos que desaparecerían con esta medida podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis del coronavirus.