La factura de la luz, las medidas del Gobierno y los daños y perjuicios que la improvisación produce

Cuando estamos ya en el entorno de los 200 euros por megavatio/hora, con un incremento en un año del 268%, la falta de capacidad e iniciativa del Gobierno para tomar medidas racionales, equilibradas y no lesivas, le ha llevado a la adopción de decisiones que tan solo pretenden hacer que se cumpla “a capón” y a costa de lo que sea un “compromiso político poco meditado y nada realista” que en su día hizo público el Sr. Presidente del Gobierno, sin duda hoy desbordado por esta escalada imparable.

El pasado día catorce, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas con el objetivo de reducir un 30% la factura de la luz en el ultimo trimestre del año. Al margen de que sea más que dudoso que estas medidas sean eficaces para los fines pretendidos, es cierto que las mismas tratan de diferir o aplazar, una vez más, problemas en la mesa del Gobierno y que no reparan en las consecuencias y efectos colaterales que las mismas generarán (ya lo están generando) en la economía y en miles de ciudadanos, con sus ahorros invertidos en las compañías eléctricas españolas.

En sectores regulados, en donde operan compañías cotizadas con un importantísimo número de inversores (la gran mayoría medianos y pequeños), la seguridad jurídica actúa como elemento capital para atraer inversores y mantener la el valor en Bolsa de alguna de las compañías españolas más emblemáticas y con mayor presencia en el mundo.

El Decreto Ley 17/2021 de 14 de septiembre constituye un gravísimo precedente de cambio regulatorio “por sorpresa” que, aunque se califique de “temporal” (veremos que entiende el Gobierno por temporalidad cuando llegue marzo del 2022 y el problema siga existiendo) ha hecho saltar todas las alertas por la inseguridad jurídica que ello supone y el escenario de incertidumbre económica de futuro que traslada a todo el sector eléctrico español en un momento delicado y de recuperación económica.

El Gobierno, pensando en la defensa del consumidor, olvida, que el interés general también es la defensa de la economía nacional, del estado de derecho y de la imagen de España en los mercados internacionales y que su decisión afecta de manera directa a decenas de miles de pequeños y medianos inversores que, en muchos casos, a lo largo de muchos años han ido invirtiendo sus pequeños ahorros en acciones de compañías del sector eléctrico. Resulta difícil no valorar el impacto que supone, para todo y para todos, que, en 48 horas, el sector eléctrico en su conjunto haya visto disminuir su capitalización en mas de 7.400 millones de euros por forzar el “objetivo” de recaudar poco más de 2.000 para poner un parche temporal a un problema que requiere una solución negociada y estructural.

El decreto Ley aprobado constituye de facto una expropiación de derechos, sin garantías ni procedimiento, para los accionistas de las eléctricas que sin duda verán mermado su derecho al dividendo, por causa ajena al mercado o a la marcha de la empresa y sí por causa directamente imputable a una decisión del Gobierno que expropia por decreto Ley y por “razones de urgencia” una parte del beneficio empresarial mediante una norma propia de un Estado de corte chavista y no de una economía libre de mercado de un país occidental.

En los despachos de abogados buscamos ya fórmulas de defensa jurídica de los derechos de las empresas y de sus accionistas ante este atropello por sorpresa a sus derechos, en el marco del Estado de Derecho en el que afortunadamente aún nos movemos.

Manuel Lamela Fernández, abogado y socio-director de Acountax Madrid