La sentencia europea contra el modelo 720 de la declaración de la Renta pone en cuestión sanciones por valor de 230 millones de euros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que corregirá los aspectos declarados ilegales por el TJUE con la “mayor celeridad” posible, como sus “desproporcionadas” multas, pero recuerda que sigue estando vigente

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presenta un avance de los datos de cierre de recaudación tributaria correspondientes a 2021, en la Sede del Ministerio, a 27 de enero de 2022, en Madrid
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presenta un avance de los datos de cierre de recaudación tributaria correspondientes a 2021, en la Sede del Ministerio, a 27 de enero de 2022, en Madrid FOTO: Alberto Ortega Europa Press

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha indicado este jueves que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “sobre el régimen sancionador del modelo 720 era la crónica de una muerte anunciada, por excesivo y discriminatorio”. En concreto, la sentencia pone en cuestión sanciones por hasta 230 millones. “Habrá que ver ahora a quién le afecta la letra pequeña de la sentencia, si es a la totalidad de afectados o si solo una parte”, ha señalado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa para presentar los datos de recaudación tributaria. Ante la incertidumbre inicial, la titular de Hacienda ha querido recalcar que respeta la sentencia del TJUE y corregirá con la “mayor celeridad” los elementos del modelo 720 sujetos a revisión, pero ha recordado a los contribuyentes que sigue vigente.

La sentencia no anula el modelo 720, pero pone de manifiesto las contradicciones de esta norma con el principio de libre circulación de capitales; y resalta lo elevado de su régimen sancionador. Ahora, toca ponerse las pilas y rehacer estas partes concretas del modelo 720″, indicó el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero. Santiago confía en que con la reforma, ya anunciada por el Ministerio de Hacienda, se gane en seguridad jurídica, aunque lamentó que hayan tenido que “tirar de las orejas” a España para que el Gobierno reaccione.

En ese sentido, la ministra también ha aclarado que el TJUE no ha declarado ilegal todo el modelo, sino solo algunos aspectos -fundamentalmente, el plazo de prescripción y el importe de las sanciones-, que son los que ahora se van a modificar. Según los gestores administrativos, la sentencia se fundamenta en una cuestión clave: la diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos, lo que supone una restricción a la libre circulación de capitales. “No se trata igual a quien tiene sus bienes en España que a aquel que los tiene en Alemania”, subrayan.

Asimismo, indican que la posibilidad de que la Administración tributaria pueda proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados, o declarados de manera imperfecta o extemporánea, produce un “efecto de imprescriptibilidad” que permite también a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, vulnerando, a juicio del TJUE, la exigencia fundamental de seguridad jurídica.

En cuanto al régimen sancionador, tanto respecto de las sanciones de tipo fijo como de tipo proporcional y la acumulación de las mismas, el Tribunal cuestiona, según los gestores, el “muy elevado tipo” de las multas o sanciones imponibles, lo que le confiere un “carácter extremadamente represivo”, lo que además de desincentivar el cumplimiento, constituye un “menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales”.

Modificación antes del 31 de marzo

Pese a esta corrección, la ministra ha remarcado que se trata de una declaración informativa, por lo que sigue estando vigente. Así que hasta el 31 de marzo del ejercicio corriente tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este modelo 720. Montero ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación del ejercicio 2021 y que para ello se aprovechará alguna de las leyes actualmente en tramitación.

Cada año se presentan unas 60.000 declaraciones y desde la puesta en marcha del modelo en 2013 se han declarado bienes por unos 225.200 millones. Con respecto a las sanciones, desde su puesta en marcha se han impuesto multas por unos 230 millones de euros. No obstante, Montero también ha apuntado que en los últimos años apenas se habían impuesto sanciones precisamente porque el TJUE estaba revisando la normativa, pero que sí hay multas del Ejecutivo anterior.