Escrivá presenta sus planes de pensiones de empresa sin el apoyo de las empresas y los trabajadores

El Gobierno eleva al Parlamento su proyecto de planes de pensiones en las empresas (planes colectivos de empleo) pese a no contar con el respaldo de los empresarios ni de los sindicatos. “Hemos acomodado las posiciones con la CEOE más allá de que en el ámbito de los incentivos se puede pedir más y ya veremos dónde se puede llegar”, ha indicado Escrivá en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros al explicar que nunca ha aspirado a contar con el beneplácito de los agentes sociales.

“Aquí no viene la Comisión Europea el 28 de febrero como he leído por ahí a hablar de pensiones. Es falso. Estamos en diálogo permanente con los agentes sociales. Hemos cumplido en la reforma de pensiones, que está resultando extraordinariamente positiva. Cuando he dicho que no aspiraba a llegar a un acuerdo en el ámbito social me refería a que esta norma no solo se discute con los agentes sociales, ha pasado con el Consejo Económico y Social, y con la industria. Nunca se aspiró a que el único canal fuera el diálogo social. No obstante, las aportaciones de los agentes sociales han sido de extraordinaria utilidad”, ha explicado.

Con este anteproyecto, el Gobierno impulsa los planes de pensiones de empleo en las empresas al incluir también a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la “implicación directa” por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa.

Respecto a los incentivos, Escrivá ha explicado que se intensifican a petición del Consejo Económico y Social. En este sentido, los autónomos podrán desgravarse hasta 5.750 euros anuales, mientras que para los asalariados los planes van a posibilitar que aparte de la desgravación base se va a poder ampliar las aportaciones. En este sentido, el trabajador reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF, con un 30% para el empleado medio mientras que para las empresas, se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en aportaciones de estos planes, que estuvo vigente hasta 2013. No obstante, ahora se limita a 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales, en línea con la “filosofía de poder posibilitar un instrumento de ahorro atractivo para rentas medias y bajas”.

El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2%, frente a una 48% de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir “una década o más”, en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.

Las comisiones de un plan individual, del entorno del 1%, pueden suponer un coste adicional de 0,8 puntos respecto a los de empleo, con comisiones del 0,2%. Esto supondría una pérdida por sobrecomisiones de más de 9.000 euros para una pensión de 1.000 euros durante 35 años de aporte, como apuntan las fuentes conocedoras de los cálculos del Ministerio.

El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso. La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad. Por el momento, ninguna ha expresado interés.

Para la gobernanza de los fondos de empleo de impulso público se creará una Comisión de Control Especial y una Comisión Promotora y de Seguimiento. La primera estará integrada por 17 miembros, de los que nueve pertenecerán a la Administración Pública y los otros ocho serán designados por las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Promotora y de Seguimiento contará con 9 funcionarios, de los que cinco procederán de la Seguridad Social, y el resto de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.

El Gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

Esta normativa pretende reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones. Además, responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de 2021.