Los inspectores de Hacienda piden la “muerte fiscal” de los defraudadores y una Policía propia

“Muerte fiscal” para los defraudadores reincidentes, acabar con el pago en efectivo, crear una Agencia Tributaria que unifique la de todas las administraciones públicas y una Policía propia. Son cuatro de las principales medidas presentadas por la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), que ha preparado su propio “libro blanco” de medidas para mejorar la fiscalidad y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida -que cifra en un 20% del PIB, unos 240.000 millones-. Para ello defendió que “la forma más eficaz” de combatir las actividades opacas y fraudulentas sería controlar los pagos, con la “reducción o eliminación de los pagos en efectivo”, mejorar la “coordinación entre administraciones” y la creación de un solo sistema tributario o, al menos, “unificar criterios, información y recursos”.

Estos son solo algunas de las 124 medidas que recoge su informe ‘Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las Administraciones Tributarias’, presentado por el presidente de la IHE, Julio Ransés Pérez Boga. Algunas de ellas no son nuevas, pero sí difíciles de aplicar, como la aplicación de la “muerte fiscal” de los defraudadores reincidentes, a los que se les prohibiría la posibilidad de crear empresas, el acceso de los registros públicos o la posibilidad de operar con los bancos.

Los inspectores también proponen que se dote a la Agencia Tributaria de mayores competencias, tanto operativas como en capacidad para investigar delitos fiscales. Para ello se crearía una ‘Policía fiscal’ con una capacidad similar a la Fiscalía y a semejanza de los inspectores aduaneros. El objetivo es acabar con la actual falta de potestad administrativa, “ineficaz e ineficiente” frente al fraude fiscal más grave, denuncia Pérez Boga, que ha criticado que la AEAT se ve abocada a la “judicialización temprana” de los expedientes, perdiendo la iniciativa investigadora de la misma, y realizando a partir de ese momento cualquier actuación “por mandato” del Juzgado de Instrucción. “No tenemos una estructura para trabajar con eficiencia los delitos fiscales”, ha criticado el presidente de la Asociación de Inspectores.

Por eso, pidió más competencias e independencia para actuar al margen de “los partidos de turno”. En la misma línea, proponen la creación de una “tax room” para inspecciones, con lo que se sortearían las trabas que ahora mismo tienen los inspectores para realizar investigaciones sorpresa, paralizadas por la Justicia. El documento presentado propone que se dote a los inspectores de nuevas facultades, como poder actuar sin conocimiento del obligado tributario. Además, aboga por poder pagar a confidentes por la denuncia de delitos, así como la introducción de un procedimiento especial de comprobación de grandes contribuyentes.

En este sentido, ha recordado el caso del Rey Emérito, en el que la “ciudadanía ha tenido una mala percepción del caso” porque no se ha actuado sobre su situación fiscal “pero no podíamos hacer otra cosa”. Por ello, Pérez Boga ha reclamado que los Inspectores de Hacienda puedan comprobar delitos porque “la sociedad quiere que Hacienda investigue”, en lugar de trasladar los casos a la Fiscalía en cuanto existe “el menor indicio” de delito. “Se pierde eficacia” porque la AEAT se ve ve despojada de atribuciones por culpa de la citada “judicialización temprana” de los expedientes.

Entre el resto de medidas del documento destacan la petición de reformar algunos impuestos y exigencias fiscales, como rebajar el números de días resididos en España -actualmente en 183- para que una persona tenga que declarar IRPF en nuestro país. En la actualidad, “una persona puede vivir 150 días en territorio español y 60 días en Suiza y pagar impuestos en el país helvético”, por lo que la IHE propone reducir esa cifra al menos hasta los 60 días, aunque el presidente de los inspectores fue un poco más allá y propuso que podría ser un mínimo de 53 días y medio. Como segunda medida de control reclaman que se utilice la “residencia relativa”, para que, al margen del número de días de residencia, el contribuyente tribute en España en caso de que sea el país en el que más días ha residido.

Asimismo, en el IRPF proponen la eliminación o “reforma sustancial” del régimen de módulos, la simplificación de obligaciones contables para pequeños contribuyentes y la limitación de deducciones por bienes suntuarios. En cuanto al IVA, los inspectores han vuelto a denunciar que el fraude sigue siendo “enorme”. Para ponerle coto proponen , los Inspectores proponen medidas directas, como prevenir devoluciones por cuota soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido, ya que, advierten, esta situación “es frecuente”.

En este mismo ámbito, también plantean realizar un intercambio de información de todas aquellas tarjetas de crédito emitidas en el extranjero que ese utilicen en España por encima de un mínimo importe, y la implantación del ‘ticket-BAI’, a semejanza de la hacienda vasca. También piden al Gobierno que recuperen campañas informativas para la ciudadanía y que se actué contra los cambios ficticios de domicilio fiscal.

Por otra parte, Pérez Boga, ha advertido de que la escalada del precio de los carburantes puede incentivar aún más el fraude fiscal en el impuesto sobre hidrocarburos. “El Gobierno no se está forrando con la subida de los carburantes, es un bulo que la gente se cree, pero ese impuesto especial que los grava supone una cuantía fija por litro de 37 céntimos -en el caso del gasóleo-, con lo que los beneficios son para las empresas no para el Estado”. Sin embargo, sí que aumentará la recaudación a través del IVA, ya que se aplica el tipo general del 21% sobre la cantidad de combustible adquirida.

El informe de los inspectores remarca que el impuesto sobre hidrocarburos presenta una “especial problemática” desde el punto de vista del fraude, por lo que reclaman !que el intercambio de información y la coordinación entre la Agencia Tributaria y los organismos reguladores del sector de la energía debe mejorar para atajar cualquier posibilidad de fraude”, que reconoció no es “muy complicado de realizar” a través del registro de extractores de depósitos fiscales. Por ello, insistió en que debe intensificarse el control y la coordinación “para poder supervisar mejor a los operadores de hidrocarburos”. Para lograrlo proponen la eliminación de la posibilidad de que los distribuidores al por menor de productos petrolíferos puedan suministrar a otros distribuidores al por menor, o la exigencia de garantía para obtener la condición de operador petrolífero o suspenderla cuando se demuestre un fraude.

También han solicitado más dureza judicial para los delitos fiscales porque la suspensión de la ejecución de los delitos contra la Hacienda Pública está sometida a reglas más duras que las suspensión de la ejecución de otros delitos. De esta forma, consideran que debería tenerse en cuenta una regulación que evitase que los delitos económicos puedan tener una “escapatoria de la pena de prisión” al ser culpados con menos de tres años de prisión, por lo que exigen que el defraudador esté obligado a resarcir a los acreedores defraudados y cumplir con las multas y la devolución de todas las cantidades.

En cuanto a la polémica armonización fiscal autonómica, los inspectores proponen una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué comunidad es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar. Además, los inspectores consideran que es necesaria una revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar. También, mejorar la coordinación entre el Estado y las diputaciones forales en materia de lucha contra el fraude, mediante la creación de una base de datos compartida con los contribuyentes que tributen en cifra relativa. Asimismo, creen que se deben establecer mecanismos que garanticen que la normativa procedimental es homogénea en todas las administraciones tributarias.