Las eléctricas avisan: el plan de topar el gas para bajar la luz subirá la factura de la mayoría de consumidores

Aseguran que serán los clientes del mercado libre, el 80% de la demanda eléctrica, los que absorban la diferencia entre los 30 euros el megavatio a que el Gobierno quiere limitar el gas y su coste real

Un bloque de viviendas con las luces encendidas en Madrid
Un bloque de viviendas con las luces encendidas en Madrid FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Las eléctricas advierten de que el mecanismo planteado por el Gobierno para limitar el precio del gas para generación eléctrica en 30 euros encarecerá la electricidad para los clientes del mercado libre, que reúne al 80% de la demanda eléctrica nacional.

Según han explicado a Efe fuentes de Endesa, el tope al precio del gas que proponen España y Portugal para intentar bajar el precio del mercado mayorista se ha diseñado sólo para beneficiar a una parte de los consumidores: los clientes que tienen la tarifa regulada o PVPC y las grandes industrias que se han mantenido indexadas al precio mayorista. En este sentido, señalan que la diferencia entre los 30 euros/megavatio hora a los que España y Portugal proponen topar el precio del gas y lo que les cueste a las centrales de ciclo combinado producirlo será «absorbida» por el sistema eléctrico a través del mercado mayorista, ya que se contempla prorratearla entre el resto de tecnologías. Así, advierten de que al final serán «esos clientes más previsores», los que cuentan con contratos con precios fijos, sobre los que se cargue el coste a través de una subida de precios.

Fuentes de Endesa lo consideran una «transferencia de rentas injusta» para intentar paliar la subida del PVPC, que recuerdan que es el precio que computa en el IPC ahora disparado porque el INE no tiene en cuenta los precios del mercado libre. Recuerdan que el sector eléctrico viene demandando que se cambie el método de cálculo del PVPC para evitar la volatilidad que sufren los clientes acogidos a la tarifa regulada, que está vinculada al precio del mercado mayorista, algo que recuerdan que no sucede en el resto de Europa, y se quejan de que el Gobierno no dé pasos adelante para que estos consumidores estén menos expuestos a los vaivenes del mercado.

Señalan que, si hay que intervenir en el mercado por las circunstancias excepcionales que se están atravesando, se intervenga en el mercado del gas para el conjunto de Europa porque es la única forma de hacerlo minimizando las distorsiones.

Asimismo, indican que no es verdad que las eléctricas se nieguen a esa propuesta del Gobierno porque perderían unos “ingresos fantásticos”, como les están acusando, pues su producción inframarginal -la que no usa gas, como la hidráulica o la nuclear- se ha vendido ya con mucha anticipación a precios muy por debajo del nivel que marca el “pool” (mercado mayorista).

Problema sin solución

Otras fuentes del sector también coinciden en que la medida del Gobierno rebajaría el PVPC, pero incrementaría el coste de los contratos libres. Estas fuentes estiman que el coste que habría que compensar a los ciclos combinados sería de entre 10.000 millones y 10.400 millones de euros al año a los precios actuales, aunque podría ser mayor si el precio del gas (ahora de unos 110 euros/MWh) sube. En este sentido, señalan que el origen del problema, que es el incremento del precio del gas, sigue sin resolverse.

Asimismo, afirman que con este mecanismo España queda desacoplada del mercado europeo y se da más relevancia al mercado mayorista que la que tiene. Señalan que, aunque se reduciría el precio del mercado mayorista diario, se incrementarían sustancialmente los precios de los contratos fijos. En este sentido, recuerdan que un 80% de la demanda eléctrica en España tiene precios fijos, por lo que consideran que la medida socializa el problema, al tiempo que no se corrige el problema de la exposición al mercado de los clientes con PVPC (entre los que están los beneficiarios del bono social).

Además, señalan que la medida puede tener otros efectos adversos, como el mantenimiento de los combustibles fósiles y el freno a la inversión renovable, ceses de actividad de comercializadoras por no poder traspasar el coste o el incremento del riesgo país de España.