Energía

Ribera se reúne mañana con las patronales eléctrica, gasista y petrolera

“Tienen que ajustarse el cinturón en lugar de incrementar sus beneficios y dividendos” asegura

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la regasificadora de El Musel
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la regasificadora de El MuselPaco ParedesAgencia EFE

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirá mañana con las patronales eléctrica (Aelec, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP), gasista (Sedigas, que engloba a Naturgy y Nedgia, BP, Enagás, Nortegas, Shell y Redexis, entre otras) y la petrolera AOP (Repsol, Cepsa, Galp, ENI, Gunvor y Saras) para explicarles los términos del impuestazo que el Gobierno pretende tramitar como proposición de ley (pactada por los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo, evitando así posibles enmiendas al texto).

Ribera ha defendido el nuevo impuesto de carácter confiscatorio que el Gobierno pretende aplicar a energéticas y banca en 2023 y 2024 para recaudar 7.000 millones de euros, argumentando la situación de extraordinaria necesidad de la economía, que impone “ajustarse el cinturón y ser cómplices con los ciudadanos y un sector productivo que lo está pasando mal en lugar de incrementar beneficios y dividendos”. En declaraciones a La Sexta, Ribera se mostró convencida de que “el 90-95%” de los ciudadanos “entienden y respaldan” la propuesta de este impuesto para hacer frente al incremento de las “necesidades sociales”. .

Ribera ha insistido en que se pretende que el diseño del impuestazo dificulte que pueda ser repercutido en los bolsillos de los ciudadanos por las compañías.

“Se trata de un impuesto donde se trata de gravar la diferencia de beneficios con respecto al mismo volumen de ventas. Las cuentas de estas compañías son transparentes y con el mismo volumen de negocio se observa una diferencia muy importante en los beneficios que han obtenido. Si es así, es más difícil repercutir ese gravamen extraordinario”, dijo.

En el caso de las energéticas, el Gobierno pretende recaudar 2.000 millones de euros gravando los “beneficios extraordinarios”, un concepto aún por determinar, en los ingresos de los operadores dominantes (en teoría aquellos con una cuota de mercado superior al 10%) de 2022 con respecto a 2021 y de 2023 con respecto a los obtenidos en 2021 si los hubiere.