La inmoralidad fiscal de Sánchez

Todo el mundo habla sobre el anuncio de «un impuesto a las grandes fortunas» y el Gobierno ha conseguido, con ello, que nadie hable de que esta misma semana el PSOE y sus socios han votado en contra de mantener la bajada del IVA del gas y la electricidad hasta final de invierno y que han aprobado la eliminación de las reglas fiscales, techo de gasto y déficit máximo, por cuarto año consecutivo. Dijo Sánchez que avanza hacia «la justicia fiscal» el mismo día que anuncia 100 millones de euros para asociaciones «que trabajan por la igualdad en el mundo» y dona, con dinero del contribuyente, 130 millones a la fundación de Bill Gates.

La maquinaria socialista dice que eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía, que recauda 93 millones de euros, pone en peligro la Sanidad pública pero donar cientos de millones a organizaciones afines por el mundo no. Los mismos que dicen que 22 ministerios, 785 asesores, viajes a EE UU y en Falcon, 14.000 millones de subvenciones descontroladas –según la AIReF– y 700 millones de escándalo de los ERE son el «chocolate del loro» te dicen que eliminar 93 millones de impuesto de Patrimonio pone en peligro los servicios públicos.

Los impuestos de Patrimonio, y Sucesiones son injustos y obsoletos porque gravan el resultado de haber ahorrado tras pagar todos los impuestos. Además, tienen un poder recaudatorio bajísimo y, sin embargo, un impacto negativo en la economía. Erosionan la capacidad de la economía de atraer inversión y, con ello, empleo y crecimiento. La recaudación de Patrimonio en Andalucía no llega a cubrir el coste de los asesores y altos cargos de los 22 ministerios. Es una broma decir que eliminar Patrimonio y Sucesiones pone en peligro la Sanidad y los servicios públicos en un país donde ministerios con competencias duplicadas disparan su gasto.

El Ministerio de Economía tiene un presupuesto de 4.859 millones de euros; Derechos Sociales y Agenda 2030, 4.608 millones; Igualdad, 525 millones; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 261 millones y Consumo, 60 millones. Hablamos de un Gobierno que ha aumentado estas partidas en más de un 50% desde 2019 y su «impuesto a los ricos» no llegará a recaudar ni una fracción de este reguero.

Pero entrar en el debate económico es un truco. El Gobierno sabe que en términos recaudatorios estos impuestos al ahorro son irrelevantes. Y que no rascan el problema del déficit estructural de 50.000 millones anuales que han generado. Además, estos impuestos son inmorales. Defender un impuesto injusto y confiscatorio con la excusa de que solo afecta a unos pocos es ir contra la Constitución. Hay que estar en contra del robo, tenga usted uno o cien de patrimonio.

El Impuesto a «las grandes fortunas» parte de dos mentiras. Primero, que no pagan impuestos y, segundo, que lo que pagan es poco. IRPF, IBI, Sociedades, plusvalías, etc… Las cifras de recaudación supuestamente perdida ignoran toda realidad y consideran como evasión lo que es deducir doble imposición. Las rentas altas apenas representan el 3% de los contribuyentes, pero aportan el 32% de la recaudación total por IRPF. El impuesto de Patrimonio raya en la doble tributación, grava el resultado de ahorrar tras años de pagar impuestos y es profundamente injusto porque penaliza el ahorro y la inversión prudente. Sucesiones y Donaciones es injusto, viola el principio de igualdad, de capacidad económica, de equitativa distribución de la carga y para colmo tiene alcance confiscatorio. Cuando se dice que solo afecta a los ricos se miente, ya que una de las formas de expoliar es usar un cálculo de la base imponible completamente alejado de la realidad.

El mal llamado «impuesto a las grandes fortunas» es igual. Montero anuncia un impuesto a los ricos y se los sube a usted. Mientras le dicen que van a subir los impuestos a los millonarios, una familia media está pagando 600 euros más de impuestos al año por no deflactarlos a la inflación. El impuesto a las grandes fortunas es confiscatorio, ya que pretende gravar bienes no liquidables. Es, además, doble imposición porque esos mismos bienes también pagan plusvalía si se venden, IBI y otros impuestos si se mantienen. Estos que hablan todos los días de «los ricos» como si fueran el enemigo olvidan que son empresarios, abogados, médicos, arquitectos, inversores …

Un impuesto no deja de ser inmoral solo porque afecte a 246.000 personas. Los que lo justifican se encontrarán con lo que siempre ha sucedido: Que el Gobierno «baja» el listón de rico, eleva la valoración de su casa o sus bienes artificialmente y le sube a usted los impuestos ¡oh, sorpresa! Ninguna sociedad ha hecho más ricos a los pobres empobreciendo a los ricos. La verdadera desigualdad es la que existe entre depredadores de presupuesto y contribuyentes, no entre ricos y pobres. España necesita más ricos y menos repartidores de miseria.