Energía

Las petroleras reclaman al Gobierno que se compute en el nuevo impuesto sus pérdidas durante el covid

La patronal del sector plantea excluir del gravamen los ejercicios impactados por la pandemia, ya que las compañías “mantuvieron su actividad sufriendo pérdidas extraordinarias”

Las petroleras reclaman al Gobierno que se compute en el nuevo impuesto sus pérdidas durante el covid
Las petroleras reclaman al Gobierno que se compute en el nuevo impuesto sus pérdidas durante el covidlarazon

Nuevo toque de atención al Gobierno por parte de las grandes petroleras. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la patronal europea FuelsEurope, organizaciones de las que forman parte las grandes petroleras españolas y del Viejo Continente, han advertido de que el diseño actual del gravamen energético que contempla Bruselas “puede comprometer la transición energética” y ha pedido a la UE que el cálculo de beneficios a los efectos de este gravamen tenga en cuenta las pérdidas extraordinarias incurridas en años precedentes como consecuencia de la pandemia.

En un comunicado, la AOP -de la que forman parte Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni, Gunvor y Saras- informó de que ha remitido una carta la AOP ha trasladado por carta al presidente del Gobierno y a las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Industria, Comercio y Turismo; y Hacienda, las propuestas de FuelsEurope, la patronal europea del refino, sobre el gravamen. Así, se plantea excluir del período tomado como referencia los ejercicios impactados por la Covid-19, ya que las compañías del sector “mantuvieron su actividad sufriendo pérdidas extraordinarias a consecuencia de la crisis sanitaria de los ejercicios 2020 y 2021″.

Además, el sector del refino propone que se aumente del 20% al 40% el porcentaje de lo que, a efectos del gravamen, se considera beneficio extraordinario, ya que considera que su actividad es “cíclica y muy variable” y está sujeta a la competencia y precios en los mercados internacionales de las materias primas, “de gran volatilidad especialmente en los últimos años”. De esta manera, considera que si se quiere calcular un supuesto beneficio ordinario, debería ampliarse el periodo temporal para calcularlo tomando todo un ciclo -de beneficios y pérdidas) y no sólo los ejercicios bajos del ciclo.

Asimismo, pide que la carga conjunta del gravamen con los impuestos sobre sociedades de cada país no exceda el 40%, ya que, de lo contrario, “no sólo sería confiscatorio, sino que comprometería gravemente el costoso proceso de inversión” para la transformación y descarbonización de esta industria.

El impuesto propuesto por la Comisión Europea, que se terminará de definir en el Consejo extraordinario de ministros de Energía que se celebrará este viernes, sería un gravamen del 33% sobre los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas, definido como toda aquella ganancia un 20% superior a la media de los tres años anteriores. Sin embargo, los Estados miembros valoran ahora permitir impuestos nacionales “equivalentes” siempre que persigan los mismos objetivos y recauden “al menos” lo esperado con la iniciativa de Bruselas.

Incentivos a las inversiones

En este sentido, cree que el nuevo gravamen debería contener incentivos para estas inversiones, “pues de lo contrario la posición de la industria europea, en un mercado claramente internacional, se vería en desventaja respecto de la industria de otros territorios no comprometidos con los objetivos medioambientales, fomentándose la importación de productos desde esos territorios y comprometiendo la viabilidad de la industria europea”.

Las asociaciones del sector del refino subrayan que estas propuestas tienen por objetivo garantizar que, en relación con este gravamen energético, existan “unas reglas de juego uniformes en el territorio comunitario”. Igualmente, AOP, que recuerda que las compañías asociadas hicieron inversiones de casi 7.000 millones de euros en España para que las refinerías tuvieran una mayor capacidad de conversión y flexibilidad, hace extensiva esta preocupación a la proposición de Ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético por parte del Gobierno de España, que se está tramitando en el Congreso.